Por: Wilmer Pérez Palma
Dina Boluarte ha decidido ir a la guerra. No contra la corrupción, la inseguridad o la crisis económica que golpea al Perú, sino contra la prensa, el Ministerio Público y cualquier institución que ose investigarla o exponer las falencias de su gobierno. Su última jugada, acusar a la Fiscalía de estar dando un «golpe de Estado blanco» en complicidad con medios de comunicación, es la muestra más clara de su desesperación.
Desde que asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, Boluarte ha gobernado con una mezcla de ineptitud, autoritarismo y soberbia. Su popularidad se ha desplomado, y las encuestas confirman que su respaldo ciudadano es casi inexistente. Enfrenta múltiples investigaciones fiscales, una crisis de legitimidad y un país sumido en la desconfianza hacia sus instituciones. Ante este escenario, su estrategia es simple: victimizarse, construir una narrativa de persecución y tratar de desviar la atención de su evidente incapacidad para gobernar.
El guion del autoritarismo: cuando la prensa es el enemigo. El discurso de Boluarte no es nuevo. La historia está llena de líderes que, incapaces de responder a sus fracasos, deciden culpar a la prensa y a las instituciones independientes para justificar su debacle. Es el manual de los gobiernos con tendencias autoritarias: transformar la crítica legítima en conspiración, pintar a los periodistas como agentes de la desestabilización y presentar a la justicia como un brazo persecutorio de intereses oscuros.
Cuando la presidenta afirma que la Fiscalía y la prensa están confabuladas para derrocarla, lo que realmente está haciendo es seguir la ruta de otros líderes con tendencias autocráticas: desacreditar el trabajo periodístico, deslegitimar las investigaciones judiciales y justificar futuras represalias contra quienes no le rinden pleitesía. Esta es una estrategia peligrosa, porque erosiona aún más el ya frágil Estado de derecho y normaliza la persecución de voces disidentes.
No es la primera vez que Boluarte ataca a la prensa. Ha utilizado discursos incendiarios contra medios que han revelado sus irregularidades, y ahora redobla la apuesta acusándolos de ser cómplices de un supuesto «golpe blando». Este tipo de afirmaciones no solo son irresponsables, sino que ponen en riesgo el ejercicio periodístico, ya que generan un clima de hostilidad que puede traducirse en agresiones y censura.
Corrupción, escándalos e ingobernabilidad: la verdadera crisis
Mientras la presidenta se enfrasca en su narrativa de victimismo, los problemas reales del país se acumulan. La corrupción en su entorno se vuelve cada vez más evidente: investigaciones por contratos irregulares, designaciones cuestionables y un manejo turbio de los recursos públicos. La casa del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, fue allanada en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad, lo que confirma que las irregularidades no son una invención mediática, sino una realidad preocupante.
Pero Boluarte no solo enfrenta escándalos de corrupción. Su gobierno está paralizado, sin rumbo ni capacidad de respuesta ante los principales problemas del país. La inseguridad sigue creciendo, la economía no muestra signos de recuperación y las promesas de estabilidad se han desvanecido. En lugar de tomar medidas concretas para solucionar estas crisis, la presidenta elige la confrontación y la victimización.
Su gobierno se sostiene únicamente gracias a la debilidad del Congreso, otro órgano sumido en la desconfianza ciudadana. La ausencia de liderazgo y la falta de un proyecto político claro han convertido a su gestión en un barco a la deriva, sin más brújula que la improvisación y la confrontación con sus críticos.
El verdadero golpe lo da su propio gobierno
Boluarte afirma que el Ministerio Público está intentando un «golpe de Estado blanco», pero lo cierto es que el único golpe lo está dando su propio gobierno: un golpe contra la democracia, contra la transparencia y contra el derecho de los ciudadanos a ser informados.
Cada vez que ataca a la prensa, erosiona la libertad de expresión. Cada vez que desacredita a la Fiscalía, debilita el sistema de justicia. Cada vez que se victimiza en lugar de rendir cuentas, socava la poca credibilidad que le queda a su gestión.
Es evidente que este discurso de confrontación no es casualidad. Es una estrategia premeditada para distraer a la opinión pública de los escándalos de corrupción, la ingobernabilidad y el creciente rechazo popular. Pero la realidad es implacable: no son los medios de comunicación ni la Fiscalía quienes han hundido a su gobierno, sino sus propios errores, su soberbia y su falta de liderazgo.
Dina Boluarte puede seguir insistiendo en su papel de víctima, pero los hechos son claros. No hay una conspiración en su contra. Lo que hay es una crisis autoinfligida, el resultado de un gobierno sin legitimidad, sin rumbo y cada vez más acorralado por su propia incompetencia.
El Perú no necesita una presidenta que se haga la mártir. Necesita una lideresa que gobierne con responsabilidad, que rinda cuentas y que entienda que el poder no es un blindaje contra la justicia. Y si Boluarte no es capaz de hacerlo, su salida del poder no será un «golpe de Estado», sino la consecuencia natural de su fracaso.