Por: Dr. Abelardo Stingler
El Perú atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes. La delincuencia, el sicariato y la violencia han convertido al país en un territorio donde el miedo impera y la ciudadanía se siente desprotegida. Esta problemática ha sido agravada por la inacción del gobierno de Dina Boluarte, cuya falta de estrategia y liderazgo ha permitido el avance del crimen organizado. Las cifras son alarmantes: según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023 se reportaron más de 3,600 homicidios, lo que representa un aumento del 30% en comparación con años anteriores.
El Auge de la Criminalidad y sus Causas
El impacto de la criminalidad es devastador. En los últimos años, las cifras de homicidios, robos, secuestros y violencia organizada han aumentado de manera alarmante. El último informe de InSight Crime colocó al Perú entre los países más inseguros de América Latina, con una tasa de 13 homicidios por cada 100,000 habitantes. Este incremento no solo afecta la calidad de vida de los peruanos, sino que también tiene un impacto económico negativo, desincentivando la inversión y generando desconfianza en la estabilidad del país.
Uno de los principales factores que han contribuido al auge de la delincuencia es la falta de una estrategia de seguridad integral. El actual gobierno no ha implementado planes concretos para combatir el crimen organizado ni ha promovido reformas en el sistema judicial y policial que permitan una respuesta efectiva. Más bien, las leyes parecen favorecer a los delincuentes, con un sistema penal permisivo que permite la reincidencia y la impunidad.
Sicariato y Extorsión: Crímenes Sin Control
El sicariato y la extorsión se han convertido en prácticas habituales en el Perú, cobrando la vida de cientos de ciudadanos cada año. Las mafias operan con total impunidad, infiltrándose en diversos sectores de la sociedad, desde los pequeños comerciantes hasta las grandes empresas. Según la Defensoría del Pueblo, el 2024 registró más de 50,000 denuncias por extorsión, una cifra sin precedentes. En regiones como Lima, Trujillo y el Callao, los grupos criminales han establecido redes de terror que operan a plena luz del día, sin temor a la intervención de las autoridades.
Además, la violencia no solo es perpetrada por delincuentes comunes, sino que también está relacionada con el accionar de grupos armados y la expansión del narcotráfico en el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro). La ausencia de una estrategia clara para erradicar estas amenazas pone en evidencia la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad de sus ciudadanos.
Un Estado Fallido: La Falta de Respuesta del Gobierno
El gobierno de Dina Boluarte ha demostrado una inacción alarmante frente a la crisis de seguridad. Las políticas actuales son insuficientes, y las fuerzas del orden carecen de recursos y capacitación para enfrentar el crimen organizado. Mientras tanto, la corrupción en el sistema judicial y policial permite que los delincuentes sigan operando con impunidad. Según Transparencia Internacional, el Perú se ubica entre los países con mayor percepción de corrupción en América Latina, lo que refleja la ineficiencia del Estado para enfrentar la crisis de seguridad.
Conclusión: Urgencia de Reformas y Medidas Drásticas. Ante este panorama desolador, es urgente que el gobierno tome medidas drásticas y estructurales. Se necesita una reforma profunda del sistema de justicia, una mayor inversión en la modernización de la policía y un compromiso real para erradicar la corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad. Es fundamental también endurecer las penas contra los criminales y fortalecer las acciones de inteligencia para desmantelar las organizaciones delictivas.
El Perú no puede seguir a la deriva en materia de seguridad. La pasividad y la falta de acción por parte del gobierno solo agravan el problema, dejando a la población expuesta a un peligro creciente. Sin decisiones políticas firmes y una estrategia bien definida, la violencia continuará en ascenso, afectando no solo a la ciudadanía, sino también al futuro del país como nación segura y próspera.