La inseguridad ha rebasado todos los límites en el Perú. Hoy, la delincuencia no solo acecha a los comerciantes, transportistas y emprendedores, sino que ha puesto en la mira a los colegios y a nuestros escolares. La reciente denuncia de la Asociación Nacional de Colegios Particulares del Perú (Anacopri) es aterradora: más de 400 colegios han sido extorsionados antes del inicio del año escolar 2025. El mensaje es claro: los criminales han tomado el control, mientras el gobierno de Dina Boluarte sigue en su inercia y omisión absoluta.
La situación es inaceptable. Padres de familia aterrorizados, docentes bajo amenaza y niños que podrían verse obligados a regresar a la virtualidad, no por una pandemia, sino por el terror impuesto por mafias que operan con total impunidad. La estrategia del gobierno frente a esta crisis es la misma que ha tenido desde el inicio de su gestión: mirar hacia otro lado, dar discursos vacíos y permitir que el Perú se hunda en el caos. No hay un plan real de seguridad, no hay liderazgo, no hay voluntad política para frenar la ola delictiva que consume al país. Boluarte ha demostrado ser incapaz de gobernar y de tomar decisiones firmes frente a la crisis. Su gobierno es un barco a la deriva, sin rumbo, sin dirección y sin compromiso con los peruanos.
Los delincuentes no temen a la policía ni a la justicia porque, simplemente, estas instituciones han sido desmanteladas por la desidia del Ejecutivo. Mientras tanto, el ministro del Interior apenas es capaz de ofrecer medidas reactivas que llegan tarde y no atacan el problema de fondo. La instalación de cámaras de seguridad en los colegios, como propone Anacopri, es una acción mínima, pero insuficiente si no hay una política real de combate contra el crimen organizado. La impunidad con la que operan estas bandas demuestra el absoluto fracaso del gobierno en garantizar el mínimo derecho de los ciudadanos: vivir sin miedo.
El panorama es desolador. En distritos como Comas, los colegios están optando por cerrar sus puertas y regresar a la educación virtual por miedo a represalias. En Arequipa, la situación es similar. Y en el resto del país, la tendencia es alarmante. Si hoy son los colegios, mañana serán hospitales, universidades y cualquier otra institución que los extorsionadores consideren un blanco fácil. La pregunta es: ¿qué hace Dina Boluarte al respecto?. La respuesta es evidente: nada. Su falta de liderazgo y su indolencia ante la crisis la convierten en cómplice por omisión.
El Perú necesita líderes con firmeza, con decisiones valientes y con una estrategia integral de seguridad que erradique a las mafias de una vez por todas. No basta con «condenar» la delincuencia en comunicados. Es urgente que el gobierno tome acciones concretas: desarticulación de bandas, protección efectiva a las instituciones educativas, fortalecimiento de la Policía Nacional y una estrategia integral que devuelva la tranquilidad a los peruanos.
Si Boluarte sigue sin actuar, la extorsión no solo será un problema de los colegios, sino de todo el país. Su ineficiencia y falta de decisión política están convirtiendo al Perú en un territorio sin ley, donde los ciudadanos quedan a merced de las mafias. A este paso, el mensaje que deja su gobierno es claro: el crimen manda y el Estado se rinde. Es hora de exigirle respuestas, porque si no actúa ya, pronto no quedará nada por gobernar.
Escolares en riesgo: La extorsión se apodera del Perú
