Después de meses de inacción, el Gobierno de Dina Boluarte ha decidido —a ritmo de tortuga con reumatismo y bajo la presión del clamor popular y los transportistas en paro— reactivar una medida que estuvo durmiendo en los archivos estatales: el bloqueo progresivo de más de 300 mil celulares con IMEI irregular, medida que iniciará este 21 de abril.
Aunque se anuncia como parte de un «plan nacional de lucha contra el crimen organizado», la realidad detrás del anuncio es mucho más compleja, incompleta y preocupante: no existe una estrategia clara, los errores de ejecución ya han sido advertidos y la improvisación sigue reinando en un gobierno que combate la delincuencia a ciegas, sin liderazgo, y solo cuando la presión mediática lo obliga.
Una medida correcta, con ejecución deficiente
La medida contempla el bloqueo progresivo de celulares robados, clonados o de procedencia ilícita, mediante la identificación de sus códigos IMEI no registrados en la “Lista Blanca” del aplicativo Renteseg. Esta herramienta fue diseñada por Osiptel y permitirá que los operadores puedan comenzar el bloqueo, a partir del 21 de abril, de equipos que tengan un “historial de uso altamente negativo”.
En teoría, se trata de una acción necesaria frente al desborde del crimen y la venta indiscriminada de celulares robados en mercados informales. Sin embargo, la implementación llega sin corregir los errores técnicos que forzaron su suspensión en 2024.
¿Qué falló la primera vez?
El informe N.º 00146-DFI/2024 de Osiptel detalló deficiencias graves:
Equipos como refrigeradoras, cámaras de seguridad, módems e incluso medidores con IMEI eran bloqueados por error.
No existía una forma efectiva de diferenciar entre un IMEI de celular y el de otros dispositivos del llamado “Internet de las Cosas” (IoT).
No estar en la Lista Blanca no significaba necesariamente estar en la Lista Negra, generando bloqueos injustos para usuarios legales.
En respuesta, se recomendó la conformación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para corregir la norma, clasificar correctamente los IMEI y evitar errores masivos. ¿Se formó ese grupo? No. El Ministerio del Interior nunca lo formalizó. Pese a ello, el 18 de marzo de 2025, el mismo Mininter notificó a Osiptel que el bloqueo debía retomarse… tal como estaba.
El efecto colateral: usuarios legales afectados
La falta de filtros finos en la identificación de los IMEI con problemas podría derivar en el bloqueo de celulares adquiridos legalmente, especialmente los llamados “subestándar”, que si bien no figuran en registros internacionales, son vendidos libremente en el mercado peruano.
A esto se suma la confusión de los ciudadanos. Muchos no saben qué es el IMEI, cómo verificarlo o qué hacer si su equipo aparece como inválido. Y mientras tanto, la delincuencia organizada encuentra otras rutas para seguir operando, como el uso de chips anónimos, teléfonos desechables o dispositivos sin rastreo.
Boluarte y el Mininter: reacción sin planificación
Más allá de la medida, el gran ausente sigue siendo un plan nacional integral contra la delincuencia y la extorsión. Ni la presidenta ni el Ministerio del Interior han presentado una hoja de ruta coherente. Tampoco hay metas claras, indicadores de impacto, ni una política pública de largo plazo que combine tecnología, inteligencia, justicia y prevención.
El llamado “Cuarto de Guerra” instalado en Palacio de Gobierno no ha pasado de ser un set para fotos presidenciales, sin resultados tangibles. La delincuencia sigue ganando terreno, las extorsiones aumentan, y los ciudadanos siguen en la indefensión.
El bloqueo de celulares es una pieza del rompecabezas, pero no es la solución. Combatir el crimen requiere planificación, profesionalismo, y voluntad política real. No se trata de reaccionar por presión o de lanzar anuncios sin resolver los errores del pasado. La seguridad no puede depender de paros, titulares o fotos en Palacio.
Dina Boluarte demuestra una vez más que su gobierno actúa con lentitud, sin estrategia ni liderazgo. Mientras tanto, la población sigue desprotegida, los delincuentes se reinventan y el Estado improvisa.
Urge un cambio de rumbo. Urge una política de seguridad ciudadana seria, articulada y sostenida. Y sobre todo, urge un gobierno que entienda que combatir la delincuencia no es bloquear celulares, sino garantizar derechos, justicia y paz en las calles.
Porque cuando el crimen avanza y el Estado retrocede, el único que pierde es el ciudadano.