La madrugada del 2 de mayo, seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, lograron fugarse utilizando una cuerda improvisada hecha con jeans y telas. El hecho, que ocurrió en pleno distrito de San Miguel, dejó al descubierto no solo una falla de seguridad, sino también las profundas grietas estructurales e institucionales que arrastra el sistema de justicia juvenil en el Perú.
Mientras la Policía Nacional del Perú realiza diligencias para identificar a los fugados —quienes, según reportes, serían mayores de edad y de nacionalidad extranjera—, los vecinos del distrito denuncian la ausencia de vigilancia efectiva, y la ciudadanía vuelve a preguntarse si este tipo de centros realmente cumplen su objetivo de rehabilitación o simplemente funcionan como espacios de contención sin futuro.
Una fuga planificada ante la mirada pasiva del Estado
La escena parece sacada de una película de bajo presupuesto, pero ocurrió en pleno corazón de la capital peruana. Según testigos, los internos no solo contaban con una soga artesanal para escalar los muros del centro, sino también con un vehículo de apoyo que los esperaba fuera. Se hallaron rastros de sangre y ropa en las paredes, lo que indicaría que uno de los fugados resultó herido durante la huida.
Un trabajador de la zona relató a medios locales que la fuga se produjo entre las 3:30 y las 4:00 a.m., y que la rapidez con la que los jóvenes se movilizaron sugiere una coordinación previa. A pesar de haber alertado a Serenazgo, no recibió respuesta inmediata, lo que reaviva el debate sobre la precariedad de la seguridad ciudadana en distritos que, como San Miguel, enfrentan un aumento sostenido de hechos delictivos.
¿Qué pasó con la rehabilitación?
Maranguita está a cargo del Programa Nacional de Centros Juveniles (Pronacej), bajo la tutela del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se supone que este centro debe ser un espacio de rehabilitación, educación y reinserción social para adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero la realidad es más dura: hacinamiento, deficiencia de personal especializado, escasez de recursos y condiciones de vida inadecuadas.
Organismos de derechos humanos han advertido durante años que el enfoque punitivo, sumado al abandono institucional, reproduce entornos de violencia y desesperanza, sin ofrecer salidas reales a los jóvenes recluidos. Muchos egresan sin preparación, sin apoyo, y con mayores probabilidades de reincidir.
La fuga de seis internos no es solo un incidente aislado. Es una alerta sobre un sistema que no contiene, no transforma y, en algunos casos, expulsa. Si los internos eran mayores de edad —como se ha informado preliminarmente—, su permanencia en un centro juvenil también cuestiona los protocolos y filtros que deberían existir para garantizar la seguridad y legalidad del encierro.
Entre la vigilancia simbólica y la ausencia de estrategia
A pesar de que el Ministerio de Justicia informó sobre requisas simultáneas en penales del país durante la misma madrugada, los internos lograron escapar sin mayores obstáculos. Esto pone en duda la coordinación interna entre instituciones y revela la fragilidad operativa de centros como Maranguita.
En paralelo, vecinos del distrito se quejan de que el alcalde no prioriza la seguridad en la zona. Aunque no corresponde al municipio custodiar centros penitenciarios, la falta de articulación entre los niveles de gobierno contribuye al clima de inseguridad. La desconfianza ciudadana se agudiza cuando las autoridades actúan solo después de que los hechos ya han ocurrido.
Lo sucedido en Maranguita no puede reducirse a una fuga más. Se trata de un síntoma profundo del abandono estructural que atraviesa el sistema de justicia juvenil peruano. Las políticas de rehabilitación parecen quedarse en el papel, mientras los centros de reclusión juvenil se convierten en espacios de contención sin horizonte, marcados por la precariedad y la indiferencia institucional.
Es urgente replantear el enfoque: no basta con custodiar, hay que transformar. Las fugas, los actos de violencia interna, las condiciones insalubres y la falta de programas efectivos de reinserción son señales de un modelo que necesita ser reformado de raíz.
En lugar de centrarse solo en buscar a los fugados, el Estado debería mirar hacia adentro y preguntarse por qué, año tras año, estos centros siguen fallando en su misión esencial: devolverle a la sociedad ciudadanos con posibilidades de reconstruir sus vidas.
Porque si lo único que un joven aprende tras las rejas es a huir por una cuerda de jeans, algo en el sistema dejó de funcionar hace mucho tiempo.