En un país donde la desconfianza hacia los partidos políticos va en aumento, miles de ciudadanos descubren —con sorpresa y malestar— que figuran afiliados a organizaciones a las que nunca dieron su consentimiento. El escándalo de las afiliaciones indebidas ha destapado una práctica irregular que no solo vulnera derechos fundamentales, sino que expone la fragilidad de un sistema electoral sin controles eficaces y con barreras que castigan a las víctimas.
Aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha exonerado el pago inicial de 46.20 soles para iniciar el trámite de desafiliación, mantiene el cobro de 802.50 soles si el retiro es rechazado en primera instancia y el ciudadano decide apelar. En otras palabras: ser víctima del sistema puede costarte más de 800 soles y una travesía burocrática absurda.
El precio de la desconfianza
El 802.50 soles representa el 15% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) y es el costo de apelar la decisión del Registro de Organizaciones Políticas (ROP) si este niega la solicitud de desafiliación. Este monto, fijado por la Resolución 0106-2022-JNE, no hace distinción entre afiliaciones voluntarias y aquellas impuestas de forma fraudulenta.
Según el abogado y especialista en derecho electoral José Tello, esto es una doble victimización. “Es un maltrato permanente a la persona que es víctima de la afiliación indebida. ¿Por qué debería pagar el ciudadano por un error del sistema o por la mala fe de quienes falsifican firmas?”, cuestiona. Tello plantea que, en estos casos, el JNE debería asumir el costo de una pericia grafo-técnica y, si se confirma la falsedad de la firma, proceder a la desafiliación sin que el afectado gaste un solo sol.
El problema va más allá del dinero: implica un atentado contra la participación democrática y la libertad de asociación, pilares de cualquier república moderna. En el Perú, en cambio, se penaliza a quien desea limpiar su nombre del padrón de un partido político al que jamás se unió.
Una advertencia ignorada
Este fenómeno no es nuevo, y las autoridades lo sabían. En septiembre de 2024, la Contraloría General de la República emitió el Informe N.º 030-2024-OCI/0280-SOO, donde se advirtió que el JNE no fiscalizaba adecuadamente las afiliaciones partidarias. Las organizaciones políticas podían presentar listas de nuevos afiliados sin que existiera una verificación real de las firmas ni del consentimiento.
En lugar de corregir estos vacíos, el JNE permitió que se formalizara un sistema vulnerable a la manipulación, donde basta una ficha y una firma falsa para comprometer el nombre y la voluntad de un ciudadano. Para agravar la situación, el proceso de salida puede convertirse en una pesadilla legal y económica si el ROP rechaza la primera solicitud.
Lo más preocupante es que muchas de estas afiliaciones irregulares se utilizan para cumplir con los requisitos de inscripción de nuevos partidos, o para fortalecer el padrón de organizaciones ya registradas. Es decir, se manipula la democracia desde su base más sensible: la ciudadanía.
¿Y las soluciones?
A pesar del escándalo y las alertas institucionales, el JNE no ha modificado el marco normativo ni ha eliminado el cobro de apelaciones para casos de afiliación sin consentimiento. Tampoco ha creado un sistema de verificación robusto que evite la inscripción fraudulenta de ciudadanos.
La respuesta institucional ha sido mínima, y la ciudadanía sigue enfrentando un muro burocrático para recuperar su autonomía política. Quienes no pueden pagar los 802.50 soles terminan resignándose a permanecer en el padrón de un partido que no eligieron, falseando así las estadísticas y debilitando aún más la legitimidad del sistema político peruano.
El caso de las afiliaciones indebidas pone en evidencia una herida abierta en la democracia peruana: la falta de protección real al ciudadano frente a las prácticas irregulares de los partidos políticos y la pasividad del Estado ante las advertencias claras de organismos como la Contraloría.
Mientras el JNE no elimine el cobro por apelación y no garantice un proceso gratuito, transparente y justo para quienes fueron inscritos sin su consentimiento, seguirá contribuyendo al desprestigio del sistema electoral y al debilitamiento de la confianza pública.
Porque en el Perú de hoy, salir de un partido político puede ser más caro que entrar… incluso sin saberlo.