Foto: Informa Perú.
El Perú está en piloto automático. Sin timón, sin liderazgo, sin norte. Y lo único que avanza es la violencia. Trece trabajadores mineros han sido ejecutados en Pataz, La Libertad. Maniatados. Secuestrados. Asesinados. ¿Y el gobierno?. En silencio palaciego. ¿Y la presidenta?. En modo comunicado. ¿Y el Congreso?. Ocupado en sus propias miserias. ¿Y el presidente regional de La Libertad, César Acuña? Pensando más en su próxima campaña electoral.
La tragedia ya no es noticia. Es rutina. Y lo que más duele es la indiferencia e inacción del gobierno. Trece muertes no han sido suficientes para que alguien se haga cargo. Si esto no basta para despertar al país, ¿qué más tendría que pasar?.
Los trece obreros fueron secuestrados el 26 de abril. Nadie actuó. Nadie negoció. Nadie protegió. Una semana después, los encontraron en un socavón, con signos de ejecución. Según la policía, sus captores exigían cuatro millones de soles de rescate.
Y aun así, en medio de un estado de emergencia, el crimen se ejecutó sin oposición. La emergencia en Pataz, como en tantas otras regiones del país, sirve solo para militarizar sin estrategia, sin prevención, sin inteligencia. Sirve para decir que se “hace algo” mientras no se hace nada.
La presidenta Dina Boluarte, como ya es costumbre, se limitará a emitir un comunicado. Un mensaje vacío, una condolencia automática, un acto de presencia sin presencia. Para eso es su investidura: para lamentar, no para gobernar.
Y el presidente regional de La Libertad, César Acuña, que debería ser el primero en exigir respuestas y liderar acciones, también guarda un silencio que duele. Ni una condena firme. Ni un gesto de solidaridad. Ni una propuesta de solución. Ni siquiera el mínimo respeto institucional ante una tragedia que afecta directamente a su región.
¿Dónde están los ministros?. ¿Dónde está el premier?. ¿Dónde está el Congreso, tan rápido para blindar amigos y tan lento para proteger peruanos?. La masacre de Pataz no es una excepción. Es el síntoma más grave de un país que ha normalizado la barbarie. Un país donde trabajar en una mina es firmar una sentencia de muerte en cámara lenta.
Trece trabajadores muertos, maniatados, ejecutados, en plena vigencia del estado de emergencia, y el Estado peruano no tiene nada más que ofrecer que un comunicado. No hay responsables. No hay investigaciones que avancen. No hay presencia estatal real. Solo hay silencio, abandono y cuerpos.
La inacción del gobierno no es solo ineficiencia. Es complicidad por omisión. La presidenta Boluarte no puede seguir reduciendo su papel a publicar condolencias cada vez que la delincuencia cobra nuevas víctimas. El premier no puede seguir hablando de gobernabilidad cuando ni siquiera hay control territorial. Y César Acuña, como presidente regional, debe asumir su rol o reconocer su inacción.
Pataz no es un caso aislado. Es una advertencia: el crimen organizado no está infiltrando el país. Ya lo tomó. Y mientras las autoridades guardan silencio, cada semana crece la cuenta de muertos que nadie parece dispuesto a enfrentar.
La pregunta es urgente, incómoda y necesaria:
¿Cuántos más, señora presidenta?. ¿Cuántos más, señor Acuña?. ¿Cuántos más, Congreso del Perú?.