Por Edwin Gamboa, fundador La Caja Negra
El Perú ha dejado de ser gobernado. Hoy es un país gestionado por la inercia, sostenido por los hilos podridos de pactos de impunidad y dirigido por autoridades que han renunciado a liderar. Dina Boluarte no gobierna: administra su supervivencia. No construye nada, no resuelve nada, no lidera nada. Su rutina presidencial se limita a preparar respuestas para fiscales, explicar relojes de lujo, justificar joyas y calcular los escenarios posibles para llegar —o no— al 28 de julio de 2026, que le quedan exactamente 446 días.
El Congreso de la República no es un contrapeso, es un cómplice. Una cámara silenciosa que mira a otro lado, blindada por sus propios intereses, convertida en un refugio de oportunistas, donde la inacción se negocia y la indignación se gestiona como un recurso político más. Y detrás de todo, las bancadas que sostienen esta farsa: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Avanza País, todas ellas responsables de perpetuar el desastre que hoy padecemos.
El paro nacional del 14 de mayo no es un simple reclamo. Es el grito colectivo de un país que ya no aguanta más. Un Perú secuestrado por la delincuencia, por el desgobierno, por un régimen sin alma ni dirección. Y aunque el Ejecutivo insista en tildarlo de “acto político”, la verdad es más sencilla: es un acto de desesperación.
El asesinato de 13 mineros en Pataz fue un punto de quiebre. No porque sea el primero, sino porque ya no hay forma de esconderlo debajo de la alfombra. El crimen organizado ha tomado regiones completas, las extorsiones se han normalizado, el sicariato es parte del paisaje, y el Estado ha sido reducido a un buzón de condolencias.
¿Y qué hizo la presidenta Boluarte?. Nada. Solo un mensaje tibio, redactado por su oficina de prensa. Como si trece peruanos ejecutados fueran un incidente administrativo.
Pero lo más ofensivo es que mientras el país marcha hacia el abismo, la señora Boluarte está más preocupada por ensayar respuestas para sus procesos legales, justificar cirugías estéticas, blindar a sus operadores y explorar posibles destinos de asilo en caso todo colapse.
El Congreso, por su parte, se mantiene en una pasividad que ofende. Ningún congresista oficialista ha exigido una respuesta institucional de fondo. Y los aliados políticos del régimen —Fuerza Popular y su silencio estratégico, Alianza para el Progreso y su pragmatismo calculador, Renovación Popular y su doble moral, Avanza País y su oportunismo sin convicciones— han elegido sostener un gobierno que no tiene brújula, ni legitimidad, ni proyecto. Mientras tanto, el país arde.
El paro del 14 de mayo no surge por ideología. Surge por supervivencia. Comerciantes, transportistas, estudiantes, profesores, padres de familia, pequeños empresarios de Gamarra, Mesa Redonda, Malvinas, taxistas, colectiveros, gremios sindicales: todos hartos, todos abandonados, todos indignados.
Julio Campos, de la Alianza Nacional de Transportistas, ha dicho con crudeza: “Marchamos por nuestra vida.” Carlos Choque, desde Gamarra, lo resume así: “Parar un día, aunque no comamos, vale más que vivir con miedo el resto del año.”
Y mientras estos ciudadanos se organizan para protestar, Boluarte califica el paro como político, el Congreso guarda silencio, y las bancadas aliadas hacen cálculos para mantenerse vigentes en la próxima elección.
Nadie gobierna. Nadie fiscaliza. Nadie responde. Sí, este puede ser el Waterloo de Dina Boluarte. No porque la protesta la tumbe, sino porque ya no tiene cómo sostener la farsa de que gobierna. El país se cae a pedazos mientras ella simula normalidad. Cada día que pasa sin liderazgo, sin decisiones, sin estrategia, es un día más de fractura social, de criminalidad desatada y de abandono institucional.
Y sí, también es el Waterloo del Congreso. De un Parlamento que ha cambiado el rol de representación por el de encubrimiento. Que no ha producido reformas estructurales, que ha permitido la regresión de derechos, que ha blindado lo indefendible. Un Congreso que no merece reelección, porque ni siquiera mereció el mandato.
A 446 días del final del régimen —si es que llega— lo que queda es un país herido, marchando no por ideología, sino por dignidad. Y eso debería preocupar a todo aquel que se considera autoridad.
Reflexión:
Cuando el pueblo sale a las calles no porque quiere, sino porque ya no tiene otra salida, no hay narrativa que lo contenga.
No es un paro político. Es un grito de auxilio.
No es un sabotaje. Es un acto de defensa.
No es un capricho. Es un límite.
Y si el gobierno, el Congreso y sus aliados no lo entienden ahora, lo entenderán más adelante. Pero será tarde.
Y cuando ese día llegue, el país no va a recordar las joyas, ni los Rolex, ni los discursos.
Va a recordar quién se atrevió a marchar, y quién decidió seguir callado.