Por Edwin Gamboa – Fundador Caja Negra
Durante años, el Perú ha sido un país donde los que viven al margen de la ley no solo han gozado de impunidad, sino que además han gobernado. Desde congresistas que legislan a su medida hasta empresarios que lavan fortunas disfrazadas de inversión. Desde dirigentes deportivos que negocian derechos como si fueran suyos hasta alcaldes que compran su poder con dinero sucio. En este escenario, la justicia ha sido una espectadora silenciada, maniatada por la descoordinación, la fragmentación y la cobardía institucional.
Pero hoy, por fin, el Ministerio Público da un golpe sobre la mesa con la creación de los Grupos de Fiscales Coordinados (GRUFICOR). Esta no es una medida más. Es el inicio de una estrategia que promete desbaratar las redes criminales que han secuestrado al Estado y parasitado a la sociedad peruana. Si se aplica con rigor, GRUFICOR puede ser el principio del fin para todos los que hasta ahora han vivido burlándose de la justicia: políticos, mafiosos, empresarios, narcos, extorsionadores, dirigentes deportivos, testaferros y falsos líderes. Hoy tiemblan porque, por primera vez en mucho tiempo, la Fiscalía parece haber despertado.
La gran novedad de GRUFICOR es su lógica: romper con el modelo de persecución penal fragmentada y construir una respuesta articulada, territorial y multidisciplinaria frente al crimen organizado. Ya no más fiscales aislados enfrentando solos redes criminales que operan con una eficiencia que el Estado. Con GRUFICOR, fiscales especializados en distintas materias —corrupción, lavado, trata, minería ilegal, terrorismo, entre otras— trabajarán en conjunto, bajo un mismo caso, desde una misma estrategia, con inteligencia compartida y objetivos claros.
Esto no es menor. Porque en este país, mientras las mafias del oro ilegal, la trata de personas, el narcotráfico y la corrupción tejían redes internacionales, las fiscalías competían por protagonismo, archivaban entre silencios o simplemente se cruzaban de brazos. ¿Resultado?. Un Estado arrinconado, una ciudadanía desprotegida y una cúpula criminal cada vez más envalentonada.
La implementación de los GRUFICOR responde a una realidad cruda: el crimen no está solo en las calles, sino también en los municipios, en los directorios, en el Congreso, en los clubes deportivos, y a veces incluso en los propios pasillos de justicia. Por eso esta medida es tan valiente. Porque desafía un sistema que no ha querido tocar a los poderosos, a los protegidos, a los de saco y corbata. GRUFICOR es, en esencia, una herramienta para acabar con esa complicidad estructural.
Pero también es fundamental advertir que GRUFICOR no puede ser un reciclaje de los mismos fiscales que por acción u omisión permitieron el crecimiento de la impunidad. Esta estrategia debe estar integrada por una nueva generación de fiscales verdaderamente independientes, sin ataduras políticas, sin intereses económicos personales, sin obediencia a dogmas religiosos ni a modelos económicos o ideologías, y sin cuentas personales que ajustar. Esta es una oportunidad histórica para reconstruir la justicia desde sus cimientos, apostando por fiscales con principios, ética y moral real, no solo en el discurso institucional. El país necesita operadores de justicia comprometidos con la verdad, no con los favores. Con el país, no con la élite.
Pero que nadie se confunda: este no es el fin del camino, es solo el primer paso. Para que funcione, se necesitan tres pilares fundamentales: recursos, independencia y protección. Si no se dota a estos grupos de tecnología, logística y personal capacitado, morirán en el intento. Si no se garantiza la autonomía de los fiscales frente a presiones políticas o económicas, todo quedará en humo. Y si no se protege a los fiscales valientes que toquen intereses reales, volverán las amenazas, las represalias y los silencios cómplices.
El país está frente a una posibilidad histórica. Con GRUFICOR, el Ministerio Público no solo plantea una nueva forma de investigar: plantea una nueva forma de enfrentar el poder criminal. Un poder que durante décadas se burló de la ley, que archivó sus propios delitos, que compró favores, que infiltró instituciones y que convirtió al Perú en su coto privado.
Si esta medida se aplica con firmeza, los efectos serán sísmicos. Porque los que han vivido del delito —con uniforme, con curul o con micrófono— empezarán a caer. Porque los expedientes que antes dormían en los archivos, ahora podrían convertirse en sentencias ejemplares. Porque los ciudadanos que ya no creen en la justicia, quizás empiecen a recuperar algo de esperanza.
Pero si se repite la historia, si todo queda en papel, si las mafias logran neutralizar desde dentro esta herramienta poderosa, entonces la decepción será aún más brutal. Porque se habrá desperdiciado la mejor oportunidad en años para acabar con la impunidad.
Por eso hay que decirlo claro: que tiemblen todos los que están fuera de la ley. Porque GRUFICOR ha llegado para enfrentarlos, desmantelarlos y demostrar que en este país, la justicia también puede organizarse, coordinarse y actuar. Y si el sistema no lo permite, seremos los ciudadanos quienes exijamos que nada ni nadie vuelva a proteger a los que han hecho del delito su modo de vida.