Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra
Una mujer perdió a su esposo en un accidente laboral mientras este construía un colegio en Chiclayo. Lo mínimo que se esperaba era humanidad. Lo básico, que se cumpla la ley. Pero lo que recibió fue lo contrario: una aseguradora que negó la pensión de sobrevivencia, un trámite convertido en infierno y una espera que pareció castigo. ¿Quién fue? Mapfre. ¿Por qué lo hizo? Porque pudo. Porque creyó que negarse a pagar lo justo era un acto administrativo más. Y porque en el Perú, hasta morirse trabajando puede ser una condena para los que quedan.
Lo sucedido con Mapfre no es un caso aislado. Es un espejo sucio de cómo operan algunas grandes empresas cuando se trata de cumplir con sus obligaciones frente a quienes más las necesitan. El 7 de febrero de 2022, un trabajador falleció en su jornada laboral. Su viuda solicitó la pensión de sobrevivencia que le correspondía por ley. Mapfre la rechazó. ¿La razón? No hubo. O al menos no una que sostuviera jurídicamente la negativa. Lo cierto es que la compañía, al no pagar la pensión del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), dejó desamparada a una mujer que ya lo había perdido todo.
Indecopi intervino y sancionó a la aseguradora. Pero Mapfre apeló. El caso se alargó. La asegurada pidió retirar la denuncia tras un acuerdo privado. Aun así, el Tribunal no lo permitió. Porque, como bien sentenció el organismo, la sanción no es un favor a la denunciante: es una obligación ante el país.
Y aquí está lo importante: Mapfre actuó ilícitamente. Y no lo decimos nosotros, lo dice la máxima instancia de protección al consumidor en el país. La negativa a entregar la pensión no solo fue ilegal, fue inmoral. Afectó directamente la subsistencia de una mujer que dependía de ese sustento. Le quitaron tiempo, energía, paz mental. Le negaron el derecho más básico tras una tragedia: la certeza de que, al menos, su esposo no había muerto en vano.
Mapfre apeló una y otra vez. Alegó tecnicismos. Lloró por un supuesto daño procesal. Afirmó que no hubo perjuicio. Pero el Tribunal desmontó cada argumento con firmeza. No solo ratificó la infracción. Aumentó la multa a más de 122 mil soles, una cifra que, en un país con justicia, debería doler más en reputación que en billetera. Y sin embargo, la empresa aún tiene la opción de pagar voluntariamente, o de esperar a que el Estado cobre a la fuerza. Como si fuera una deuda cualquiera, no un acto de abuso.
Este caso es una vergüenza. No solo por lo que se le hizo a la viuda de un trabajador que murió ganándose la vida, sino porque evidencia el modelo de impunidad empresarial que todavía se sostiene en el Perú. Asegurar no debería ser solo cobrar primas. Asegurar es comprometerse a responder cuando más importa. Y cuando una empresa niega un derecho evidente, no está “optimizando riesgos”: está traicionando la confianza pública.
Mapfre fue sancionada. Bien por Indecopi. Pero si este caso no sirve para cambiar prácticas estructurales en el sector asegurador, entonces solo será otra multa archivada en el historial de las grandes firmas. Lo decente sería que pidan perdón. Lo correcto sería que revisen todas las negativas similares. Y lo urgente es que la ciudadanía entienda que denunciar sirve. Que no estamos solos. Que se puede enfrentar al gigante. Y ganarle.
Porque en un país donde hasta la muerte puede ser usada como excusa para negar derechos, defender la dignidad no es una opción: es una necesidad.