Por Edwin Gamboa, Fundador Caja Negra
En el Perú, la democracia tiene un precio. Literal. Y no hablamos de campañas millonarias ni de sobrecostos en licitaciones. Hablamos de peruanos y peruanas que, sin saberlo, han sido afiliados a partidos políticos sin su consentimiento, y que ahora deben pagar más de 800 soles para demostrar que esa firma que aparece en el ROP (Registro de Organizaciones Políticas) no es suya. Porque en esta república del absurdo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha decidido que la carga de la prueba no recae en el que usurpa, sino en el que ha sido usurpado.
El caso de Kharla Márquez, revelado por Infobae Perú, es el retrato perfecto de este delirio burocrático. Natural de Yungay y vecina de Chorrillos, descubrió que estaba afiliada al partido Alianza Para el Progreso (APP) sin haber firmado ni una ficha. Lo que hizo fue lo que cualquier ciudadano decente haría: iniciar su desafiliación. Pero el JNE le respondió con un mazazo: diez días para presentar un estudio grafotécnico, una declaración jurada notarial y toda la carga probatoria de que, efectivamente, no se afilió voluntariamente.
La ciudadana tiene que pagar el peritaje sobre una ficha que ni siquiera ha visto, porque para acceder a ella debe hacer un pedido de información que demora… también diez días. Una contradicción de procedimiento que, más que torpeza administrativa, parece una estrategia encubierta para entorpecer el derecho a desafiliarse. Como bien lo dijo la propia Kharla: «es una trampa para que no te desafilien jamás».
El JNE eliminó hace poco el pago de S/ 46.20 por este tipo de trámite. Buen gesto. Pero sin el resto de condiciones necesarias, es como ofrecer entrada gratis a un edificio sin escaleras. Ahora, los ciudadanos deben asumir gastos que pueden ascender hasta 800 soles por servicios notariales y peritajes para defender su derecho a no pertenecer a un partido político. Y mientras tanto, ¿qué hacen los partidos como APP, que aparecen en más de un caso? Pues nada. Se limitan a responder que «la afiliación es válida» y obligan al ciudadano a iniciar el viacrucis.
Y aquí viene el acto final de la comedia trágica: si el partido no respondía, la desafiliación era automática. Pero si responde, la carga de la prueba se invierte. Una maravilla de ingeniería normativa que favorece a las agrupaciones políticas que usurpan identidades, y penaliza a los ciudadanos que intentan limpiar su nombre.
En este escenario, el JNE no solo ha fracasado en defender a los ciudadanos. Ha optado por la comodidad de trasladar la responsabilidad a las víctimas. Y mientras se ampara en resoluciones que nadie entiende y plazos que se cruzan, los partidos políticos siguen inflando sus padrones con nombres ajenos y firmas dudosas, sin rendir cuentas.
El caso de Kharla Márquez no es un incidente aislado. Es el síntoma de un sistema electoral que, lejos de proteger a los ciudadanos, ha decidido ponerle precio a la identidad. En el Perú de hoy, no basta con decir «yo no firmé eso». Hay que pagarlo, notariarlo, peritarlo. Y todo en diez días.
¿Y los partidos? Bien gracias. Cómodamente blindados por un reglamento que premia la inercia y castiga la decencia. En un país donde se suplantan identidades para engordar padrones, y donde las instituciones exigen pruebas imposibles a los inocentes, no hablamos de democracia. Hablamos de un simulacro caro y cruel.
Si el JNE quiere recuperar algo de legitimidad, tiene que empezar por asumir su rol como garante de derechos y no como encubridor de trampas partidarias. Porque si en el Perú hay que pagar por demostrar que uno no pertenece a un partido político, entonces la afiliación no es un derecho, es un secuestro administrativo.