Algo huele mal en el Congreso y ya no se puede ocultar. La designación de Yessenia Lozano Millones, militante de Alianza para el Progreso (APP) y autodenominada “hija política” de César Acuña, como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso, es solo la punta de un iceberg político que expone el copamiento sistemático del aparato estatal por intereses partidarios.
Mientras millones de peruanos enfrentan la informalidad, la inseguridad y la falta de oportunidades, el Estado se convierte en la bolsa de trabajo de los aliados del poder, y APP actúa como si tuviera su propia sede en Palacio de Gobierno, el Congreso y ahora también en cada rincón ministerial.
A estas alturas, hablar de cogobierno entre Dina Boluarte y César Acuña no es especulación. Es evidencia. Tres ministros: Economía, Salud y Transportes, todos designados con el visto bueno de APP. Y ahora, una funcionaria cuestionada, sin título de maestría registrado, sin experiencia docente universitaria, colocada en un cargo con presupuesto millonario solo por su cercanía al líder del partido.
¿Hasta cuándo se va a tolerar este secuestro institucional disfrazado de gestión pública?.
La historia de Yessenia Lozano es reveladora. Nombrada jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso —con un sueldo cercano a los S/ 20,000 mensuales— reconoció ante la Comisión de Fiscalización que no tiene título de maestría, a pesar de que este le fue atribuido oficialmente. Alegó haber “culminado los estudios”, pero todos sabemos que una maestría no se termina sin tesis, ni se valida sin grado académico otorgado.
Peor aún, defendió la exhibición de un retrato de César Acuña en su oficina como si fuera algo natural. “Ese ambiente no es de libre acceso”, dijo. Pero lo que sí es de acceso libre, descarado y creciente, es el poder que ha acumulado APP en el aparato estatal. Un retrato colgado en la pared sería casi anecdótico si no fuera el símbolo de algo mucho más profundo: la captura del Estado por parte de un grupo político que actúa como si gobernara sin haber sido electo para ello.
La fiscalía anticorrupción ya abrió una investigación preliminar por presunta negociación incompatible en su designación. Pero, como siempre, el Congreso sale en bloque a blindar. El oficial mayor Giovanni Forno validó su expediente. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana —también de APP— la propuso directamente. Todo perfectamente legal… pero profundamente inmoral.
Porque el problema no es solo Lozano. El problema es la red. Es el copamiento progresivo del poder con cuadros políticos sin experiencia, sin mérito, sin preparación adecuada, pero con un solo atributo: la lealtad partidaria.
Hoy, César Acuña no necesita ser presidente para gobernar. Ya tiene ministros. Tiene presupuesto. Tiene operadores. Y ahora también, una funcionaria suya manejando un programa legislativo con más de S/ 1,7 millones para el 2025. ¿Y Dina Boluarte? Mira a otro lado. Agradece el respaldo. Guarda silencio. Porque así funciona el cogobierno: tú me das votos, yo te doy cargos.
El caso Yessenia Lozano no es un error administrativo. Es un síntoma de una enfermedad mayor: la conversión del Estado peruano en propiedad temporal de partidos que negocian puestos como si fueran premios, no responsabilidades.
Hablan de “reformas”, de “mérito”, de “tecnocracia”. Pero mientras tanto, la realidad es que el Congreso funciona como una empresa de colocación política, y los ministerios se reparten como cuotas de poder.
Cuando se premia la cercanía política por encima de la idoneidad técnica, el resultado es lo que vemos: desgobierno, improvisación, falta de credibilidad y desprecio por la función pública.
Reflexión final
¿Qué dirá ahora César Acuña? ¿Qué dirán los defensores de Lozano? ¿Que todo es legal?. Puede ser. Pero cuando lo legal se convierte en una coartada para lo inmoral, el país deja de tener instituciones y pasa a tener favores.
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