Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Oro sucio, Estado ausente. Casi la mitad del oro que el Perú exporta no figura en ningún registro oficial. No pasó por ningún control, no generó impuestos, no respetó derechos laborales, no limpió una sola gota de agua contaminada ni construyó una escuela. Simplemente se esfumó. Salió del país sin dejar huella, pero con millones en las cuentas de quienes se enriquecen a costa del desgobierno. Y mientras tanto, el Estado sigue en piloto automático, aferrado a un fracasado registro de formalización minera (Reinfo) que no ha servido para otra cosa que para legalizar lo ilegal.
Según cifras del Ministerio de Energía y Minas, en febrero de este año se produjeron oficialmente 7.8 millones de gramos finos de oro, pero se exportaron más de 15.7 millones. Es decir, cerca del 50% del oro exportado no figura en ninguna estadística de producción. Esta brecha no es nueva. Pero lo grave es que en 2015 era del 23%. Hoy es más del doble. Y nadie se atreve a explicar —ni a detener— lo que está ocurriendo. ¿De dónde sale ese oro? ¿Quién lo extrae? ¿Quién lo compra? ¿Quién lo deja salir?.
Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, lo dice sin rodeos: la mitad del oro peruano viene de la minería ilegal. No deja un sol en impuestos, pero mueve entre 10,000 y 12,000 millones de dólares al año. Y a ese negocio no lo financia el pequeño minero de a pie, sino una red compleja que involucra a empresarios, funcionarios, lavadores y políticos. Porque en este país, la minería ilegal no se combate. Se protege.
El Reinfo —ese registro supuestamente transitorio para mineros en proceso de formalización— se ha convertido en el principal escudo legal de la ilegalidad. Gobernadores regionales figuran inscritos. Candidatos reciben financiamiento. Y los planes para desmantelarlo desaparecen cada vez que se acercan las elecciones. No es casual. Es estructural. Es un negocio que compra silencio. Y que mata.
Las consecuencias son evidentes. La producción formal cayó 10.9% solo en el primer trimestre. Las empresas legales, como Minera La Poderosa en Pataz, enfrentan ataques armados y asesinatos. Y los peruanos pierden miles de millones en servicios públicos mientras mafias mineras controlan territorios enteros.
Guillermo Shinno, exviceministro de Minas, lo advierte claramente: la minería ilegal no solo mina la economía, mina la democracia. Porque esos mismos millones que salen por el oro sucio entran luego como financiamiento electoral. El oro sin registro termina comprando votos, curules, ministerios. Y con cada nueva elección, se fortalece el pacto oscuro entre crimen y política.
Peor aún, el Estado insiste en enfocarse en los pequeños mineros mientras ignora lo evidente: el oro ilegal no sale del socavón al avión. Pasa por plantas, fundiciones, transportistas, bancos y exportadoras. Ahí está el rastro. Pero nadie lo sigue. Porque si se sigue, se cae la cadena. Y con ella, nombres y apellidos que hoy aún dan órdenes.
El Perú no es solo un país productor de oro. Es, cada vez más, un país productor de impunidad. Porque cuando casi la mitad del oro que sale no está registrado, el problema ya no es técnico. Es político. Es ético. Es estructural.
La minería ilegal no es una consecuencia del abandono del Estado. Es el resultado directo de su complicidad. De su cobardía. De su renuncia al deber más básico: proteger el bien común. Y mientras eso no cambie, no habrá desarrollo que resista, ni democracia que se sostenga.
Las elecciones de 2026 no solo serán una batalla entre partidos. Serán una batalla entre quienes quieren recuperar el país… y quienes ya lo han vendido por toneladas. Y el oro que hoy se exporta sin control, mañana financiará campañas sin escrúpulos.
El oro brilla. Pero en el Perú, ese brillo ya no es señal de riqueza. Es señal de advertencia. Y si no reaccionamos ahora, el próximo gobierno también será elegido… con manos manchadas de mercurio y codicia.