Por Edwin Gamboa, Fundador Caja Negra
En una medida sin precedentes que ha encendido alarmas en todo el mundo académico, el Gobierno de Donald Trump prohibió a la Universidad de Harvard matricular a estudiantes extranjeros y ordenó que los actuales estudiantes internacionales abandonen el campus o enfrenten la pérdida de su estatus legal. Esta decisión, comunicada oficialmente por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, marca un nuevo punto crítico en el enfrentamiento entre el gobierno estadounidense y una de las universidades más prestigiosas del planeta.
El argumento: supuestas fallas de Harvard para contener discursos antisemitas y su negativa a entregar información sobre estudiantes extranjeros. El trasfondo: un choque ideológico con tintes autoritarios, raciales y geopolíticos que socava los principios de inclusión, libertad académica y pluralismo que sustentan el sistema universitario global.
Harvard en la mira: más que una universidad
La carta firmada por Noem y enviada al presidente de Harvard, Alan Garber, fue contundente: la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes Extranjeros ha sido revocada de inmediato. Esto significa que Harvard ya no puede admitir estudiantes extranjeros en nuevos programas y que quienes actualmente estudian en la institución deben buscar otra universidad o abandonar el país.
En redes sociales, Noem justificó la medida afirmando que “es un privilegio, no un derecho” que las universidades admitan estudiantes internacionales, acusando a Harvard de beneficiarse económicamente de las matrículas elevadas sin cumplir “con los estándares del país”.
La decisión ocurre en medio de una escalada de tensiones entre el gobierno federal y Harvard, motivada por acusaciones de antisemitismo, falta de control sobre los discursos políticos en el campus y una supuesta “agenda ideológica” basada en diversidad racial, inclusión y equidad sexual.
Sin embargo, más allá de las declaraciones oficiales, el gesto apunta a un intento sistemático de recortar libertades, controlar la narrativa académica y castigar la disidencia universitaria. Harvard, como otras instituciones, ha sido crítica con varias decisiones del gobierno, lo que habría motivado una represalia directa que compromete a miles de estudiantes internacionales y al prestigio global del sistema educativo estadounidense.
¿Quién pierde con esta medida?
Estados Unidos alberga a más de un millón de estudiantes internacionales, quienes aportan anualmente más de 40 mil millones de dólares a la economía. Pero su valor va mucho más allá del capital: son embajadores del intercambio cultural, científicos en formación, futuros líderes, innovadores y pensadores que nutren a las universidades y al país que los acoge.
En Harvard, la comunidad internacional representa un pilar fundamental del prestigio de la institución. La medida no solo desmantela proyectos de vida, sino que envía un mensaje de exclusión y hostilidad que desprestigia a Estados Unidos como líder en educación global.
La universidad ya ha respondido con acciones legales. En abril, presentó una demanda contra el Gobierno de Trump para impedir la cancelación de 2,000 millones de dólares en fondos federales, medida anunciada previamente por el Departamento de Educación. Hoy, el escenario se agrava con la expulsión de sus estudiantes extranjeros, lo que sienta un peligroso precedente para cualquier institución que cuestione las políticas del gobierno.
Democracia académica en peligro
El ataque a Harvard no puede entenderse como un hecho aislado. Forma parte de una ofensiva más amplia contra el pensamiento crítico, la diversidad y la autonomía universitaria. La administración Trump ha adoptado una línea dura contra universidades que no se alinean con su discurso, y ha optado por usar recursos del Estado para ejercer presión directa sobre espacios tradicionalmente independientes.
En este contexto, el argumento de “inseguridad en el campus” y “protección de estudiantes judíos” es utilizado como pretexto para justificar un recorte masivo de derechos y libertades. La lucha contra el antisemitismo —legítima y necesaria— no puede ser instrumentalizada para perseguir voces disidentes ni para criminalizar a comunidades enteras.
La decisión de la DHS de cancelar el programa de estudiantes internacionales en Harvard sin diálogo previo, sin investigación independiente, y sin respeto a los tratados internacionales sobre educación y movilidad académica, rompe con décadas de cooperación global y abre la puerta a una era de aislamiento e intolerancia educativa.
Prohibir la matrícula a estudiantes extranjeros en Harvard no es solo una decisión administrativa. Es una señal de alerta que resuena en todos los rincones donde la educación es entendida como un derecho, no un privilegio condicionado por la ideología del gobierno de turno.
Estados Unidos está dando un paso hacia el cierre de sus aulas al mundo, hacia el silenciamiento de la diversidad, y hacia la imposición de un pensamiento único desde las esferas del poder. Cuando el conocimiento se convierte en enemigo y los estudiantes en amenazas, la democracia se tambalea.
Frente a esto, la comunidad internacional debe responder con firmeza. Porque si el aula se cierra a los extranjeros hoy, mañana se cerrará a la libertad, a la disidencia, y finalmente, a la verdad.