Por Edwin Gamboa, Fundador Caja Negra
En el país del sagrado derecho a la impunidad, donde las instituciones tambalean al ritmo del desgobierno y la criminalidad, el defensor del pueblo parece haber encontrado la solución a todos nuestros problemas: una sede en la playa. No, no es sarcasmo (aunque debería serlo). El señor Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo, decidió que lo mejor para la atención ciudadana era construir una sede en Chocalla, a 30 metros del mar y a pasos del Boulevard de Asia. Porque claro, nada grita “servicio público” como una vista al océano.
Según el informe publicado por Hildebrandt en sus Trece, esta «oficina» tendrá más de 8 mil metros cuadrados, estacionamientos, oficinas administrativas, salas de uso múltiple, una cocina y, con suerte, sombrillas y reposeras. Todo por el módico precio de hasta 3 millones de soles financiados con recursos públicos. El proyecto se justifica bajo el rótulo de “Mejoramiento del servicio de atención de la Oficina Desconcentrada de la Defensoría del Pueblo en Cañete”. Porque claro, ¡cuánto mejor se debe sentir un ciudadano de Cañete cuando le resuelven su queja al lado del mar, en pleno atardecer!
Lo escandaloso no es solo la ubicación (a pocos metros de donde un depa cuesta 250 mil dólares), sino que el proyecto fue aprobado por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN), que milagrosamente determinó que la zona era «eriaza sin playa». La realidad, según las imágenes difundidas, indica lo contrario: hay playa, hay mar, hay lujo. Y también hay silencio de la Defensoría, que hasta ahora no responde.
La historia se vuelve a repetir: recursos que podrían usarse en hospitales, escuelas, seguridad ciudadana o en oficinas verdaderamente necesarias, terminan financiando lo que parece un club de verano institucional. Y todo con la venia de la Comisión de Presupuesto del Congreso, presidida por Lady Camones (APP), que otorgó un adicional de 8 millones de soles.
Mientras tanto, Gutiérrez ya ha solicitado otros seis terrenos más, de los cuales cuatro ya fueron aprobados. Y uno no puede evitar preguntarse si está construyendo una red de oficinas desconcentradas o una cadena de resorts bajo la marca «Defensoría del Relajo».
En un país donde cada sol del erario debería doler, el uso alegre de los recursos públicos para levantar una oficina con vista al mar es simplemente insultante. La Defensoría del Pueblo debería ser un símbolo de vigilancia, no de vacaciones. Si esta es la nueva estrategia para mejorar la atención ciudadana, entonces es momento de preguntarnos cuánto más estamos dispuestos a tolerar. Porque mientras el pueblo sobrevive entre extorsiones, hospitales colapsados y educación precaria, sus «defensores» planean el verano perfecto. Eso no es defensa. Es una burla institucional con sombrilla incluida.