Por Edwin Gamboa, Fundador Caja Negra
En un país donde los silencios del gobierno son ensordecedores y la delincuencia te llama desde la esquina, lo único que suena con puntualidad suiza es el teléfono ofreciéndote seguros, créditos o esa tarjeta platino que nunca pediste. Pero milagrosamente, una luz se encendió desde el Congreso: la ley que prohíbe las llamadas spam es una realidad. Y sí, aunque parezca ciencia ficción, esta vez Indecopi no se ha quedado callado: promete sanciones que pueden superar los dos millones de soles. El ciudadano, por una vez, tiene la sartén por el mango… o al menos eso parece.
Desde el 9 de mayo, las empresas necesitan consentimiento explícito para llamarte. Y no, no basta con que una vez hiciste clic en «aceptar términos y condiciones» mientras comprabas una tostadora. Ahora tienen que probar que tú decidiste que te ofrezcan productos que no necesitas mientras almuerzas o manejas. Según Indecopi, ese consentimiento puede revocarse en cualquier momento. El problema es que revocar suele implicar un maratón de formularios, bots, correos sin respuesta y una paciencia que muchos ya perdieron en la tercera llamada del día.
El organismo, en un inusual arranque de severidad, anunció que las empresas que se salten esta norma podrán recibir multas de hasta 450 UIT (2.4 millones de soles). Suena imponente. La pregunta es: ¿realmente Indecopi fiscalizará con ese mismo entusiasmo con el que redactó el comunicado? Porque en este país, ya sabemos, las leyes se redactan con tinta indeleble pero se aplican con borrador.
Y como siempre, hay un “pero”: el reglamento completo de la ley llegará en julio. Hasta entonces, las empresas tienen margen para seguir haciendo de las suyas. El Ejecutivo, fiel a su estilo, tiene hasta el 9 de ese mes para establecer las normas complementarias. Porque claro, en el Perú primero se lanza la ley y luego se busca cómo implementarla. Prioridades de república tropical.
Eso sí, no deja de ser irónico que en un país donde el crimen organizado tiene al gobierno en piloto automático, el único enemigo declarado sea la llamada spam. No hay plan contra la delincuencia, pero hay ley contra el call center. No hay estrategia contra las mafias, pero hay UIT para el que te ofrece un nuevo chip. Es como si el Estado solo pudiera multar aquello que no representa una amenaza real para su permanencia.
Por fin una norma que, al menos en el papel, protege al ciudadano. Pero no nos engañemos: en un país donde el desgobierno y la impunidad son moneda corriente, este pequeño triunfo contra las llamadas no solicitadas es apenas un respiro en medio del caos. Mientras Dina Boluarte acumula denuncias constitucionales y sigue viajando con el país en llamas, mientras el Congreso legisla para blindarse, y mientras las mafias cobran cupos hasta a los mototaxistas, el pueblo peruano celebra que, por lo menos, podrá decir: «¡No me llames, ya te multaron!».
Y si algún día Indecopi cumple su amenaza y aplica la ley como debe ser, sin miramientos ni excepciones, ese día, señores, será verdaderamente histórico. Porque en el Perú, hacer cumplir la ley no debería ser la excepción, sino el principio.