Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En un país donde los hospitales públicos carecen de guantes, analgésicos y camas suficientes, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) y el Hospital Dos de Mayo decidieron invertir más de 70 millones de soles en dos robots quirúrgicos Da Vinci Xi. No sería escandaloso si el costo no superara hasta en cinco veces lo que pagaron otros países por el mismo equipo. Pero aquí, en el Perú del «todo se justifica», la respuesta de los responsables fue tan fría como quirúrgica: “el mercado pone el precio”. Así, sin anestesia. Y la ciudadanía sigue pagando, no solo en dinero, sino en desconfianza, indignación y abandono.
La denuncia del portal Salud con Lupa es clara y documentada: mientras Ecuador, Brasil y España adquirieron sistemas Da Vinci Xi —con instalación, mantenimiento y capacitación incluidos— por un valor mucho menor, el INEN y el Dos de Mayo aprobaron compras que bordean los 35 millones de soles cada una. ¿Diferencias tecnológicas? No. ¿Nuevas licencias? Tampoco. ¿Una licitación transparente con múltiples competidores? Menos aún. La empresa Álvarez Larrea Equipos Médicos (ALEM) fue parte de la evaluación de mercado… y luego, casualmente, resultó ganadora. En ambos casos.
Desde el Estado, la respuesta ha sido de manual para cualquier escándalo de sobrecostos en el Perú: justificarse con tecnicismos, relativizar las comparaciones y apelar al «libre mercado». Como si la salud pública se gestionara bajo las mismas reglas que la compra de relojes suizos o autos de lujo. Como si no estuviéramos hablando de hospitales donde los pacientes deben esperar meses por una operación, o donde los familiares tienen que comprar jeringas porque “el stock está agotado”.
El jefe del INEN asegura que el robot era necesario para “la precisión en intervenciones oncológicas”. Y nadie duda de la utilidad del equipo. Pero ¿a cinco veces el valor internacional? ¿Con un único proveedor ya validado desde el inicio? ¿En medio de un sistema de salud que colapsa por falta de recursos elementales? Esto no es modernización. Esto es una operación con bisturí de oro financiada por un presupuesto con estómago vacío.
El problema no es el robot. El problema es el proceso. La falta de transparencia. El silencio cómplice de quienes aprueban estas adquisiciones sin rendir cuentas. El doble discurso de un Estado que no tiene dinero para garantizar tratamientos continuos para pacientes con cáncer, VIH o enfermedades raras —como también ha sido denunciado recientemente—, pero sí lo tiene para pagar millonadas por equipos cuyos precios ni siquiera intentan ser negociados.
Y lo más grave: la normalización. Porque si en lugar de indignarnos ante un caso de posible sobreprecio respondemos con tecnocracia de salón, entonces hemos perdido la brújula ética. Y cuando eso ocurre, no es solo la economía lo que está en crisis: es la moral pública.
“El mercado pone el precio”, dicen. Como si ese mantra neoliberal bastara para justificarlo todo. Pero el mercado no opera solo. Hay funcionarios que firman, hay procesos que se omiten y hay responsabilidades que se esquivan. Y mientras eso ocurre, los verdaderos “robotizados” somos los ciudadanos que pagamos en silencio, que aceptamos sin protestar, que miramos cómo se moderniza la cirugía mientras se precariza la vida.
Si nadie en el Estado levanta la voz ante este nuevo escándalo, si el Congreso sigue siendo un cómplice pasivo, y si el Ministerio de Salud no fiscaliza ni exige explicaciones claras, entonces el problema no es el robot. El problema somos nosotros: un país que sangra millones sin exigir justicia, ni bisturí mediante.