Por Edwin Gamboa, fundador de La Caja Negra
¿Puede una tarifa firmada hace más de una década, sin debate público ni control ciudadano, convertirse en una sentencia económica para millones de peruanos?. Sí, y eso es exactamente lo que ha hecho Ositrán con la famosa TUUA aplicada a pasajeros en tránsito en el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez. Lo llaman “legal”, lo llaman “técnico”, lo llaman “participativo”. Pero en el fondo, huele a lo de siempre: un acuerdo entre escritorios que termina afectando el bolsillo de todos, sin que nadie —ni siquiera ahora— se atreva a dar la cara.
Ositrán ha salido en defensa de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA), afirmando que “no ha sido cuestionada ni anulada por autoridad alguna”. Una frase elegante para justificar lo injustificable: que durante más de 10 años se haya dejado intacta una adenda que habilita el cobro de una tarifa adicional a pasajeros que no eligen quedarse en Lima, sino simplemente hacer escala.
No hay forma amable de decirlo: esto no es una tarifa, es una penalización. Si un peruano viaja de Tacna a Iquitos con conexión en Lima, terminará pagando dos veces por el uso del aeropuerto. Y no hablamos de centavos: hablamos de más de 50 soles por familia solo por «transitar». ¿Quién firmó esto? El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Lima Airport Partners en 2013. ¿Quién debía supervisarlo? Ositrán. ¿Y qué hizo? Absolutamente nada.
El organismo ahora alega que “no tiene facultad para modificar cláusulas contractuales”. Pero esa no es la discusión. Lo que está en el centro del escándalo es por qué nunca se activaron los mecanismos de revisión pública, por qué el Congreso recién se entera en 2025, y por qué se tardó más de una década en advertir que un simple acto administrativo terminaría afectando a millones de pasajeros nacionales.
La llamada «audiencia pública» de este año fue apenas una formalidad. Ningún pasajero promedio fue informado de que empezaría a pagar más. Ningún usuario supo que la transferencia en Lima ahora costaría como un impuesto encubierto. Y por supuesto, ningún funcionario alzó la voz cuando aún se podía discutir el tema. Porque cuando el contrato está blindado, el usuario está condenado.
¿Dónde están los defensores del consumidor cuando se necesitan?. ¿Dónde está el Estado cuando se firman adendas que comprometen el futuro económico del transporte aéreo nacional?. Y sobre todo, ¿cómo puede un organismo regulador que dice supervisar la transparencia de los contratos, escudarse ahora en tecnicismos cuando el país entero se da cuenta —muy tarde— que esta TUUA es un abuso maquillado de legalidad?.
La historia de la TUUA es la historia de cómo se gobierna en el Perú: se firma en silencio, se aplica sin debate y se defiende con tecnicismos. Ositrán podrá decir que todo fue legal, pero eso no lo hace legítimo. Cuando un contrato —por más antiguo que sea— perjudica al ciudadano, lo ético es revisarlo. Lo correcto es corregirlo. Y lo urgente es frenarlo.
Si este país quiere volver a confiar en sus instituciones, necesita más que papeles con firma y sello. Necesita valentía para admitir errores, transparencia para discutirlos y voluntad política para corregirlos. De lo contrario, la próxima tarifa entre gallos y medianoche ya está en camino. Y, como siempre, la pagaremos todos.