Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
El caso Rolex no es solo un tema judicial, es un símbolo político. En un país donde la corrupción no se combate, sino que se colecciona como joyas de lujo, el caso Rolex no es una anécdota más: es la metáfora perfecta del Perú político actual. Una presidenta con relojes “prestados”, un Congreso que archiva denuncias como quien guarda el polvo bajo la alfombra, y una Fiscalía que, con tímido valor, intenta reactivar una causa ya enterrada en nombre del “orden constitucional”. Si esto fuera ficción, sería mediocre. Pero es nuestra realidad.
El caso es simple: Dina Boluarte lució en actos oficiales relojes Rolex valorizados entre 15 000 y 20 000 dólares. Rápidamente, la prensa (gracias, La Encerrona) lo descubrió. La presidenta negó, dudó, luego confesó que eran “prestados” por su amigo el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Un préstamo sin recibo, sin devolución, sin pudor. A cambio, se favoreció el presupuesto de su región. Todo casualidad, claro.
La Fiscalía lo consideró un presunto cohecho pasivo impropio. Presentó denuncia constitucional. Pero el Congreso —ese fiel escudero del Ejecutivo— dijo que no veía nada irregular. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recomendó archivar la denuncia, y la Comisión Permanente, obediente como reloj suizo, ejecutó el encargo. Caso cerrado. O eso creían.
Porque ahora, en un giro de libreto más digno de una tragicomedia que de un Estado de derecho, la Fiscalía pide reconsideración. Denuncia “graves vicios procesales” y exige que se anule todo lo actuado. ¿La razón? Que la inmunidad presidencial no es licencia para blindaje. Que los procedimientos deben ajustarse a la ley. Que los peruanos merecemos algo más que una parodia institucional.
Pero, seamos honestos. ¿Quién cree que pasará algo? El país está en piloto automático, secuestrado por el desgobierno y la impunidad. Dina Boluarte prepara su noveno viaje internacional como quien acumula millas de una tarjeta VIP. El Congreso legisla entre siestas, blindajes y favores cruzados. Y la ciudadanía —harta, burlada, empobrecida— observa cómo se archiva no solo una denuncia, sino también la esperanza.
La presidenta, mientras tanto, juega con las metáforas. Habla de goles, de “pastores mentirosos”, de “palabras necias”. Niega el escándalo y agradece al Congreso cada vez que le permite salir del país. Tal vez porque aquí, donde todo arde, nadie la extraña. O porque allá, en el extranjero, la distancia protege del ruido, de la indignación y de los Rolex incómodos.
El caso Rolex no es solo un tema judicial, es un símbolo político. Es la confirmación de que en el Perú, cuando los poderosos fallan, no responden. Y cuando los fiscalizadores levantan la voz, los archivan. La justicia no es ciega: aquí usa lentes polarizados, de marca y edición limitada.
Mientras el Ministerio Público pide que se respete la ley, el Congreso hace relojería política de precisión para garantizar la impunidad. Lo que se archiva no es solo una denuncia: es la poca dignidad institucional que nos queda.
Y mientras tanto, el país sigue marcando la hora… con relojes prestados.