Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En un país donde la política hace tiempo dejó de ser un espacio de servicio para convertirse en refugio de intereses turbios, las Elecciones Generales del 2026 ya empiezan a perfilarse como una amenaza a la democracia y no como una fiesta cívica. Una reciente investigación de RPP Data y El Poder en tus Manos revela que 35 de las personas más buscadas por la justicia peruana, por delitos que van desde homicidio hasta violación sexual de menores, figuran como afiliados vigentes a partidos políticos debidamente inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Algunos incluso podrían postular. El crimen organizado no está infiltrando la política: la está habitando cómodamente.
Según el cruce de información entre el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y el padrón de afiliados del JNE, individuos con requisitorias vigentes y procesos por narcotráfico, lavado de activos, violación y trata de personas militan legalmente en partidos que pretenden gobernar el país. No hablamos de hechos aislados. Hablamos de una red de permisividad, negligencia institucional y silencio cómplice.
El caso más emblemático es el de José Antonio Aquino Montoro, buscado desde 2022 por homicidio y por quien se ofrece 20 mil soles de recompensa. Está afiliado a Alianza para el Progreso. Igual que Luis Francisco Pardo Paico, acusado de violación sexual de un menor de edad. Y Rosa Angélica Ayachi Ojanama, vinculada al tráfico de drogas. Todos están en planilla partidaria.
Perú Libre encabeza la lista con seis requisitoriados, incluyendo a su líder, Vladimir Cerrón, con orden de captura por organización criminal. Alianza para el Progreso sigue con cinco, entre ellos Eliseo Ríos Sebastián, afiliado seis meses después de haber sido incluido en el Programa de Recompensas. Acción Popular también tiene su cuota de vergüenza: cinco afiliados en la mira de la justicia.
Ante esta evidencia escandalosa, los partidos ensayan excusas. «No sabíamos», «es imposible controlar a todos los militantes», «se afiliaron antes de delinquir». Pero los registros muestran que varios ya tenían antecedentes cuando fueron inscritos. Esta desidia se traduce en complicidad. Porque cuando el Estado ofrece 50 mil soles por un criminal y al mismo tiempo ese criminal es afiliado político, el sistema ha fracasado.
Y no solo han fallado los partidos. El JNE, la ONPE y el Ministerio del Interior tienen herramientas para cruzar información y limpiar los padrones. Pero la «presunción de inocencia» se ha convertido en coartada legal para no actuar. La Constitución solo impide postular a quienes tienen sentencia condenatoria. El resto puede hacer campaña, aparecer en listas y hasta resultar electo. En otras palabras: la democracia peruana está diseñada para convivir con el crimen, no para excluirlo.
Los partidos deberían tener filtros éticos, protocolos internos y un sistema mínimo de depuración. Pero no los tienen. Porque para muchos, sumar afiliados es más importante que saber quiénes son. Mientras más carne electoral, mejor. Aunque esté requisitoriada por violación, aunque la busque Interpol, aunque represente exactamente lo que la política debería erradicar.
Estamos ante un escenario indignante, pero no nuevo. El crimen organizado no es un intruso: es un actor en la escena política. Y si el sistema electoral, los organismos de control y los propios partidos no reaccionan ahora, en 2026 podríamos tener en el Congreso, o incluso en el Ejecutivo, a personas con orden de captura, disfrazadas de candidatos. El futuro está en juego. O se limpia la casa política de una vez, o el crimen la terminará comprando por partes.
Porque en el Perú de hoy, hasta el delito tiene su partido.