Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
El Perú no solo está sumido en el caos. Está secuestrado. No por ideologías, no por protestas ni por crisis económicas. Está secuestrado por el crimen organizado, por la violencia desenfrenada, por mafias que operan a plena luz del día… y por un gobierno que ha elegido mirar hacia otro lado mientras la sangre sigue corriendo.
En medio de esta emergencia nacional, la presidenta Dina Boluarte permanece inerte, como si el desmoronamiento del país no fuera su responsabilidad directa. La jefa de Estado actúa como una espectadora de su propio mandato: posa, declara vaguedades, se rodea de adulones y ministros sin carácter, y continúa con su gira de evasiones mientras las calles se tiñen de rojo.
La semana pasada, un niño de seis años fue asesinado en un intento de robo. En Pataz, obreros fueron ejecutados por mafias que controlan territorios como si fueran estados independientes. Las extorsiones alcanzan más de 50 mil denuncias en 2024, las muertes por sicariato se acumulan, y la respuesta del gobierno es el silencio… o, peor aún, declaraciones huecas.
El Perú se ha convertido en un campo de guerra sin estrategia, sin defensa y sin liderazgo. El crimen ha superado a las instituciones. Las bandas no solo dominan calles y barrios: también han penetrado los mercados, las obras públicas, los gobiernos regionales y hasta la política. Y mientras tanto, Boluarte continúa apelando al “respeto institucional” y a “seguir trabajando”, frases vacías que ya nadie cree.
¿Dónde está el plan de seguridad ciudadana?. ¿Dónde está la inteligencia estatal para desmantelar redes criminales?. ¿Dónde están los cambios en el sistema judicial y policial?. No existen. Solo hay inacción, blindaje político y un pacto tácito con la impunidad.
Dina Boluarte pasará a la historia no como una presidenta que enfrentó la violencia, sino como la mandataria bajo cuyo mandato el crimen tomó el control del país. Su desgobierno ha sido funcional al avance del sicariato, del narcotráfico y de las mafias extorsivas. La ausencia de autoridad ha dado paso al desgobierno más cruel: aquel que entrega a su pueblo a la ley del más fuerte.
La realidad es insoportable: Perú es hoy uno de los países más inseguros de América Latina, con 13 homicidios por cada 100 mil habitantes, según InSight Crime. Lima, Trujillo, el Callao y Piura están bajo el control de mafias que amenazan, extorsionan y matan. Y frente a este panorama, el Ejecutivo se limita a improvisar operativos policiales para la foto o declarar estados de emergencia que no cambian nada.
La presidenta tiene el país en ruinas, pero no renuncia, no cambia, no reacciona. Su falta de liderazgo no es solo negligencia: ya roza la complicidad. Porque en política, la indiferencia frente al crimen también es una forma de alianza.
La ciudadanía no merece seguir viviendo en este infierno cotidiano. No se puede construir una nación mientras los niños son asesinados, los trabajadores ejecutados y las familias extorsionadas. No se puede hablar de Estado de derecho cuando lo único que avanza es el crimen.
Si Dina Boluarte no puede, no quiere o no sabe gobernar, lo mínimo que debería hacer es dar un paso al costado. Porque cuando el silencio, la inacción y el cálculo político son las únicas respuestas frente a la tragedia nacional, el país no necesita una figura decorativa en Palacio, sino alguien con coraje y responsabilidad real.
El Perú no aguanta más. Y la historia no perdona.