Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Cuando un ministro reconoce abiertamente que hay minería ilegal en una zona arqueológica Patrimonio Mundial, y acto seguido decide recortar el área que debería protegerse, no estamos frente a un funcionario técnico ni a un gestor cultural. Estamos ante un funcionario que renuncia a su rol, abdica de su deber y permite —con firma y sello oficial— que el crimen avance sobre el legado de una civilización. Eso es exactamente lo que ha hecho el ministro de Cultura, Fabricio Valencia, al reducir en más de 2,400 kilómetros cuadrados la Reserva Arqueológica de las Líneas de Nazca, mientras admite que hay minería informal operando ahí mismo.
La resolución que oficializa esta mutilación fue publicada en El Peruano con la habitual frialdad burocrática. Según el ministro, el recorte —que reduce la zona de 5,633 km² a 3,235 km²— responde a “20 años de estudios arqueológicos” que habrían demostrado que “la reserva era más grande que Tumbes”. ¿Ese es el argumento? ¿Un mapa más grande de lo que sus despachos pueden vigilar? Inaudito.
Lo grave no es solo el recorte en sí, sino el contexto: el propio Ministerio ha reconocido que hay actividad minera ilegal dentro del área. ¿Y la respuesta es achicar el territorio protegido? ¿A quién están beneficiando realmente?.
¿No sería lo lógico —y lo moral— fortalecer la presencia del Estado y expulsar la minería ilegal de la zona en lugar de facilitarle el camino?. En lugar de enfrentar a los ilegales, ¿vamos a redibujar el mapa para que ellos se sientan cómodos?.
No se trata de un error técnico. Se trata de una claudicación política, una rendición institucional. La reducción del área no ha sido consultada con el Colegio de Arqueólogos del Perú. No se ha presentado públicamente ningún estudio técnico. La decisión se tomó en secreto, sin transparencia, sin debate, sin defensa del interés nacional. Y lo más revelador: el ministro admite que ni siquiera sabe qué minerales se extraen ahí. ¿Cómo puede justificar lo que ni siquiera entiende?.
El argumento de que es “difícil vigilar” un área tan grande no es una razón para achicar la reserva, es un grito de incapacidad. Lo que se esperaba de un Ministerio de Cultura es que exija apoyo intersectorial, que implemente planes de vigilancia, que denuncie y que actúe. No que tire la toalla y le haga un favor a los mineros ilegales, muchos de los cuales —como ha sido documentado— están inscritos en el REINFO y en proceso de formalización dentro del área afectada.
El Colegio de Arqueólogos ha sido claro: esta reducción es un atentado contra el patrimonio nacional. Han exigido la renuncia inmediata de Fabricio Valencia, y tienen razón. No es posible que un ministro que entrega el legado más icónico del país siga al frente de la cartera cultural.
Y no olvidemos otro detalle indignante: el mismo Estado que desmantela una reserva arqueológica es el que luego gasta millones en campañas publicitarias para «poner en valor» el patrimonio o fomentar el turismo cultural. ¿Con qué cara?.
El Ministerio de Cultura no puede seguir en manos de quienes ven el patrimonio como un obstáculo para la formalización minera. Nazca no se toca. Nazca no se negocia. Nazca no se achica para acomodar intereses económicos. Reducir la reserva no la hace más protegida, la hace más vulnerable. Y lo que estamos viendo es un precedente peligrosísimo: cuando proteger se vuelve incómodo, se elimina la protección.
El Perú necesita autoridades que defiendan lo que es irremplazable. Fabricio Valencia ha demostrado lo contrario. Y eso lo descalifica. Si el ministro no renuncia, la historia se lo cobrará. Porque las líneas de Nazca podrán resistir siglos de viento y arena. Pero no resistirán un Estado que las entrega sin lucha.