Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
La captura de una banda de narcotraficantes colombianos en la frontera selvática de Loreto no solo revela la magnitud del crimen organizado en el Perú profundo. Expone, con brutal claridad, la ausencia total del Estado, la incapacidad estructural de sus autoridades y la irresponsable indiferencia de un gobierno que ha perdido el control del territorio. Mientras los delincuentes exhiben cadenas de oro y graban selfies en el Caribe, Dina Boluarte y su gabinete de ministros reparten excusas y discursos huecos en Lima. La Amazonía arde, pero en Palacio no escuchan ni el eco.
El operativo que permitió la captura de Darwin Muñoz y sus cómplices en Ramón Castilla no fue producto de una estrategia nacional sostenida, sino una excepción milagrosa en un entorno tomado por el crimen. La zona intervenida contaba con laboratorios clandestinos, maquinaria industrial, armas de guerra, ácido sulfúrico, toneladas de insumos y droga lista para exportación. Todo esto sucedía a vista y paciencia del Estado. Es decir, en ausencia de Estado.
Según el propio Ministerio Público, más del 70% de las comunidades en la zona están bajo control del narcotráfico. El resto es territorio en disputa o campo minado. El crimen ya no se esconde; se institucionaliza. Se graba, se celebra y se traslada libremente entre Perú, Brasil y Colombia. La frontera es una formalidad. El dominio efectivo es de las mafias.
El problema, sin embargo, no radica solo en la geografía o en la precariedad operativa. Radica en la falta absoluta de voluntad política. Dina Boluarte, su primer ministro y los titulares de Defensa e Interior no han presentado ningún plan integral contra la expansión del narcotráfico en las fronteras. No hay helicópteros, no hay radares, no hay control de ríos, no hay inteligencia territorial sostenida. Lo que sí hay son vuelos protocolares, promesas recicladas y ministros incapaces de reconocer la dimensión del abismo.
Mientras el Reino Unido retira su cooperación en materia antidrogas por la ineficiencia del Estado peruano, desde el Ejecutivo no se ha emitido ni una sola declaración firme, ni una señal política de reacción. ¿Cómo puede un país defender su soberanía si ni siquiera puede garantizar el control de su selva?.
El caso de Ramón Castilla es solo la punta del iceberg. La selva peruana está siendo convertida en tierra arrasada: por el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la corrupción institucional. Lo grave es que, al parecer, no se trata de un descuido, sino de una forma perversa de gobernar por omisión.
Una nación no se entrega solo con decretos o con tratados. También se entrega cuando se abandona a su gente, se permite que mafias tomen el control, y se calla mientras el país se desangra fuera de las cámaras. La situación en Loreto no es solo un escándalo policial. Es una alerta roja de colapso estatal.
Si en Lima celebran operativos aislados como grandes victorias, mientras en la selva reina la impunidad y el crimen, entonces el Estado ha dejado de cumplir su función esencial: proteger la vida, el territorio y la dignidad de sus ciudadanos. Dina Boluarte debe asumir su responsabilidad. Y con ella, cada uno de los ministros que miran hacia otro lado mientras el Perú se fragmenta desde sus márgenes.
Porque cuando los narcos navegan en yates, y el gobierno naufraga sin rumbo, la pregunta no es si el Estado falló. La pregunta es si el Estado aún existe.