Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Mientras las bandas criminales en Pataz operan con tecnología de guerra, el Gobierno de Dina Boluarte abandona a más de mil policías sin atención médica, sin logística y sin liderazgo. No hay estrategia ni voluntad política.
En la provincia de Pataz, región La Libertad, la realidad se impone con crudeza: el crimen organizado ha tomado el control territorial de amplias zonas mineras, desplazando al Estado. Más de mil policías se juegan la vida enfrentando bandas armadas sin equipos adecuados, sin viáticos, sin atención médica. No es una película. Es Perú, en pleno 2025.
Los testimonios recogidos por medios como Panamericana Televisión y especialistas como Pedro Yaranga revelan un abandono inaceptable: policías enfermos tras ingresar a bocaminas sin protección, sin medicamentos, sin recursos mínimos para enfrentar a un enemigo que actúa con total impunidad y tecnología de punta.
Este editorial sostiene que la situación en Pataz es una muestra palpable de la fractura del Estado peruano, de su falta de estrategia integral en seguridad, y del abandono sistemático de sus propias fuerzas del orden. El Gobierno de Dina Boluarte y su gabinete han sido incapaces de implementar una respuesta eficaz, y con su inacción, están cediendo el control del territorio al crimen organizado.
Abandono institucional. La Policía Nacional del Perú está cumpliendo funciones en una zona declarada en emergencia, pero el Estado no les ha transferido ni siquiera el pago de viáticos. No tienen atención médica y deben endeudarse para tratar enfermedades respiratorias adquiridas al entrar en túneles contaminados y sin ventilación. El centro médico más cercano carece de lo esencial. ¿Cómo puede exigirse eficiencia operativa sin garantizar condiciones humanas mínimas?
Crimen organizado mejor equipado. Mientras los agentes del Estado sobreviven con lo que llevan consigo, las mafias cuentan con armamento moderno, drones, sistemas de comunicación encriptada y municiones sin límite. La desproporción es alarmante y demuestra que el crimen no solo gana territorio: gana capacidad táctica. Lo advirtió el especialista Yaranga: “los criminales están mejor equipados que la Policía”. ¿Qué hace el Ministerio del Interior al respecto? Poco o nada.
Silencio y retórica desde Palacio. Consultado por la prensa, el premier Eduardo Arana se limitó a declaraciones vagas. El Ejecutivo repite una y otra vez que “la presidenta está comprometida con la seguridad”. Pero la realidad contradice el discurso. No hay plan integral, no hay estrategia nacional de recuperación de territorios, no hay logística militar ni inteligencia moderna. Solo estados de emergencia que no se traducen en acciones efectivas.
Una contradicción mortal. El colmo de la incoherencia es este: el Estado declara que lucha contra el crimen, pero no cuida a sus soldados. Promete pacificación sin asegurar municiones, equipos de protección, ni condiciones médicas. Es una lucha desigual, desmoralizante y peligrosamente perdida de antemano.
El Gobierno dirá que sí hay presencia policial, que hay operativos, que se ha capturado a criminales. Pero la excepción no borra la regla. Los resultados son esporádicos, reactivos, sin sostenibilidad. El narcotráfico, la minería ilegal y el sicariato no se derrotan con visitas relámpago ni decretos simbólicos: se derrotan con planificación real, inversión pública y liderazgo político. Nada de eso existe hoy.
Pataz no es una isla. Es el espejo de lo que puede ocurrir —o ya está ocurriendo— en otras regiones del país. El abandono del Estado en zonas estratégicas mina la autoridad institucional, alienta la criminalidad y deja a la población a merced de las mafias. Hoy son los policías los abandonados; mañana lo será toda una región.
El Perú no necesita más discursos. Necesita una política de Estado firme, coherente y con rostro humano. Necesita gobiernos que escuchen a sus policías antes que a sus asesores de imagen. Porque sin Estado, no hay nación. Y sin seguridad, no hay democracia.
Desde esta tribuna hacemos un llamado urgente al Gobierno: restituyan el apoyo logístico y sanitario a las fuerzas del orden, implementen un plan integral de recuperación territorial y dejen de administrar el país como si fuera un simulacro de gestión. La seguridad no es un eslogan. Es una responsabilidad impostergable.