Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Si el Estado peruano fuera una serie de ciencia ficción, se titularía “Gobierno en piloto automático: sobreviviendo al desgobierno sin despeinarse”. Mientras Dina Boluarte simula gobernar con un joystick desconectado y sus ministros practican el arte milenario de no responder a tiempo, en Pataz los ronderos, mineros informales y alcaldes ya tienen la mecha lista. Pero tranquilos, que no cunda el pánico: el oro aún no se ha detenido… por ahora.
Pataz —esa olvidada provincia de La Libertad que solo aparece en los mapas cuando hay muertos, bloqueos o minas— ha dado un ultimátum al gobierno: si el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, no fija fecha para una nueva mesa de diálogo, no saldrá ni un gramo de oro más. ¿La razón? Quieren levantar la restricción a la minería informal. ¿El problema? Nadie en Palacio parece haber leído el decreto que ellos mismos firmaron.
El alcalde Aldo Carlos Mariños, más entusiasta que los ministros, se adelantó y envió una carta formal para reactivar el diálogo. Pero claro, el Minem sigue evaluando si responde antes del Apocalipsis. Porque aquí se gobierna al ritmo de la agenda personal: si no está en el grupo de WhatsApp, no existe.
Pero esta no es solo una historia de desidia burocrática. Es también una comedia política digna de tragicomedia andina. En la mesa de diálogo no solo están los mineros. También se han sentado —con voz y voto, faltaba más— cinco representantes de Acción Popular, Podemos, APP y Perú Libre. O sea, la minería informal no solo tiene palas y cascos: ahora también tiene bancada.
Y como toda mesa políticamente decorada, hay asesores legales, ronderos de filiación partidaria y hasta autodenominados “mineros ancestrales”, lo cual suena muy poético hasta que uno recuerda que muchos de estos “ancestrales” trabajan sin licencias, sin medidas ambientales, pero con un pie en el Congreso. Porque claro, en Perú, la ancestralidad se mide por antigüedad… en la planilla política.
Mientras tanto, el Frente de Defensa de Pataz afila su propio pronunciamiento. Dicen que el alcalde tiene su agenda —“respetable”— pero ellos tienen la verdadera. La prioridad número uno, dicen, es eliminar el decreto que restringe la minería informal. Y ojo, que no quieren prórroga: quieren eliminación. O, en buen castellano, libertad total para extraer, sin reglamento, sin licencias, pero con discurso de pobreza y derecho al trabajo.
El ultimátum es claro: si el gobierno no responde, se activa el paro indefinido. Porque si no hay oro libre, no habrá paz. Y si alguien osa mencionar el daño ambiental, el lavado de activos o la trata de personas en torno a esa “minería artesanal”, se le acusa de enemigo del pueblo. Como siempre, las mejores defensas vienen con cascos, botas y respaldo de bancada.
Mientras Pataz arde en expectativas y amenazas, Dina Boluarte y sus ministros parecen seguir en una cabina presurizada de silencio, con el modo avión activado y el piloto automático apuntando hacia un futuro incierto. Total, mientras haya algo de brillo metálico para exportar y los conflictos se queden lejos de Lima, todo está bajo control… al menos en los discursos.
Pero esta vez, los discursos no bastarán. La mezcla explosiva de minería informal, representación política interesada y abandono del Estado ya huele a pólvora. Y si el gobierno no aterriza pronto en la realidad, el oro de Pataz será lo de menos. Lo que se perderá será otro pedazo más de institucionalidad… y de país.
Porque en el Perú de Boluarte, los conflictos se ignoran hasta que revientan, los ministros hacen turismo de diálogo y los decretos se firman como volantes. Solo falta que el próximo gabinete incluya un chamán y un tarotista para que, al menos, puedan predecir lo que ya todos ven venir: que sin Estado, solo quedan los paros.