Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Perú ha perdido más de cuatro millones de hectáreas de vegetación en 40 años, pero ni el Gobierno de turno ni sus antecesores han mostrado una estrategia real para frenar el ecocidio.
El Perú está desapareciendo en silencio. Según el reciente informe de MapBiomas Perú, en las últimas cuatro décadas se han perdido 4,1 millones de hectáreas de vegetación natural, la mayoría en la Amazonía. La minería se ha disparado más del 2 300% y la expansión urbana y agropecuaria siguen ganando terreno sin freno. El problema no es nuevo. La omisión tampoco. Pero el presente resulta especialmente doloroso: mientras el país sufre una degradación ecológica sin precedentes, la presidenta Dina Boluarte acumula viajes al extranjero, y sus ministros apenas mencionan esta crisis estructural. ¿Dónde están las políticas públicas integrales?. ¿Dónde está el liderazgo climático que el Perú necesita desesperadamente?
La pérdida de cobertura vegetal en el Perú no es un fenómeno natural inevitable, sino el resultado directo de la ausencia histórica de un modelo de desarrollo sostenible, la permisividad ante actividades ilegales y la falta de voluntad política para enfrentar el ecocidio con firmeza. Esta columna sostiene que tanto la presidenta Dina Boluarte como sus antecesores —de izquierda, centro o derecha— son responsables por acción u omisión. Y que la inacción actual, marcada por la indiferencia frente a los datos científicos, agrava una crisis que pone en juego nuestra soberanía ecológica y nuestra viabilidad como nación ambientalmente saludable.
Cifras que gritan en el vacío político
El estudio de MapBiomas Perú revela una tragedia en marcha: 3 millones de hectáreas perdidas en la Amazonía, 2,5 millones de hectáreas de bosque desaparecidas, crecimiento exponencial de la minería (2 325%) y de la infraestructura urbana (180%). Loreto, Ucayali y San Martín lideran las pérdidas netas. Lima lidera la expansión urbana. Las lomas costeras están en retroceso. Y todo esto ha ocurrido con sucesivos gobiernos que no han desarrollado una política de ordenamiento territorial, control ambiental y protección de zonas críticas.
La selva saqueada y el Estado ausente
La minería ilegal —y también la informal— avanza con facilidad por regiones como Madre de Dios, Arequipa, Puno, Cajamarca y La Libertad. Lo hace con maquinaria, logística y financiamiento. Lo que no avanza es la fiscalización ambiental ni la presencia estatal efectiva. El discurso de protección de la biodiversidad suele estar ausente en los Consejos de Ministros, en los presupuestos públicos y en las prioridades nacionales. La Amazonía, clave para el equilibrio climático global, no tiene defensor real en Palacio ni en el Congreso.
Boluarte sin hoja de ruta ambiental
El actual Gobierno, encabezado por Dina Boluarte, ha optado por una agenda internacional de gestos simbólicos, mientras el territorio pierde cobertura vegetal a un ritmo alarmante. La presidenta no ha presentado, en un año y medio de mandato, una sola política nacional coherente para enfrentar la deforestación, la minería ilegal o la expansión urbana descontrolada. Y mientras el país se debate en una crisis multidimensional, ella acumula vuelos, fotos oficiales y declaraciones formales sobre cooperación bilateral, sin resultados verificables sobre el terreno.
Los expresidentes también son responsables
Esta crisis ambiental no nació ayer. Las administraciones de Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Pedro Castillo también compartieron el mismo patrón de omisión: anuncios sin implementación, programas sin presupuesto, y medidas sin monitoreo. En algunos casos, como con García y Castillo, se promovió abiertamente el extractivismo sin control. La Amazonía fue vista como un recurso a explotar, no como un patrimonio a proteger.
Se argumentará que el Perú necesita desarrollar su economía, que la minería formal genera ingresos fiscales, o que no se puede controlar todo el territorio. Nadie niega esos desafíos. Pero lo que se exige es planificación estratégica, gobernanza territorial y límites claros frente al ecocidio. La disyuntiva no es entre desarrollo y protección ambiental; es entre desarrollo desordenado e insostenible o uno que garantice vida, equilibrio y futuro.
Si el Estado peruano no actúa ya, con decisión y con visión, en pocos años no solo habremos perdido bosques; habremos perdido control, biodiversidad, seguridad alimentaria y clima estable. Esta es una emergencia de largo plazo que requiere acción inmediata. Los mapas satelitales muestran lo que se ha destruido. La historia juzgará a quienes tuvieron el poder y prefirieron mirar hacia otro lado.
El país necesita una Ley de Emergencia que articule ministerios, regiones y fiscalización. Necesita una moratoria real a nuevas zonas de expansión minera ilegal y una política pública con metas anuales para la recuperación de ecosistemas destruidos. Y necesita una ciudadanía informada, activa y exigente. La defensa del territorio ya no es solo una causa ambiental. Es una causa nacional.