Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Privilegios a la carta: el nuevo Senado ya nace viciado. El retorno al sistema bicameral debía representar un avance institucional para el país. Un paso hacia una mejor deliberación legislativa, mayor control político y una representación más equilibrada. Pero antes siquiera de empezar a funcionar, el futuro Senado del Perú —previsto para el año 2026— ya carga con una grave mancha de origen: la excepción hecha para que actuales congresistas puedan postular a pesar de no cumplir el requisito constitucional de edad mínima. Se trata de una maniobra legislativa que institucionaliza el privilegio político y erosiona el principio de igualdad ante la ley.
La creación de un Senado con reglas excepcionales para beneficiar a un grupo reducido de congresistas activos constituye una distorsión del espíritu democrático, y proyecta una reforma destinada más a proteger carreras personales que a fortalecer al Estado. El peligro es claro: convertir la bicameralidad en un mecanismo de perpetuación política, no de renovación institucional.
El privilegio escrito con nombre propio
La norma establece que para ser senador se debe tener 45 años, pero el actual Congreso aprobó una excepción para que sus propios miembros puedan postular aunque no cumplan ese requisito. Al menos 36 legisladores menores de 45 años —como Alejandro Cavero (32), Elvis Vergara (43) o Américo Gonza (43)— han quedado habilitados. La medida fue incluida sin debate público ni justificación técnica. El mensaje es nítido: la ley puede flexibilizarse si el beneficiario es uno mismo.
Un atentado contra la igualdad y el pluralismo
El abogado electoral Óscar Matutti ha advertido que esta excepción “vulnera el principio de igualdad de oportunidades” y desincentiva la renovación política. Lejos de ser una cámara de reflexión, el nuevo Senado nace como una cámara de consolidación de élites. Si el objetivo era mejorar la calidad del Congreso, esta excepción lo contradice. En lugar de abrir el camino al pluralismo, se lo cierra con una llave hecha a medida de los ya instalados en el poder.
La trampa detrás de la bicameralidad
Volver a un Congreso bicameral no es, en sí mismo, negativo. Muchos países democráticos lo utilizan para equilibrar el poder legislativo y enriquecer los procesos normativos. Sin embargo, cuando la reforma es secuestrada por intereses personales o partidarios, la legitimidad de su diseño se desmorona. En lugar de una segunda cámara con mayor estatura moral y técnica, tendremos un Senado deslegitimado desde su nacimiento.
El precedente institucional que se rompe
La norma aprobada no solo vulnera un requisito objetivo (la edad mínima). Rompe un principio más profundo: las reglas no deben modificarse en beneficio directo de quienes las dictan. Con esta excepción, el Congreso reitera una práctica perniciosa: legislar para sí mismo. Una práctica que ya hemos visto en otras iniciativas, como intentos de reelección encubierta o uso de fondos públicos para actividades proselitistas.
Ciudadanía como espectadora
Mientras el país enfrenta serios desafíos —inseguridad, pobreza, corrupción, desastre ambiental—, buena parte del Congreso ha decidido enfocar sus energías en asegurar sus propios futuros políticos. El riesgo es que la población normalice estas prácticas y se resigne a una democracia administrada por y para los mismos de siempre. El descrédito institucional no se combate con slogans: se enfrenta con coherencia y con ejemplo.
Algunos congresistas han afirmado que no pidieron dicha excepción y que “no han decidido aún” si postularán. Otros dicen que dependerá de sus partidos. Pero eso no cambia el fondo del problema: la excepción existe, está en la norma, y habilita una candidatura que no debería ser posible constitucionalmente. No importa quién la haya propuesto, sino que fue aprobada por una mayoría que representa al Congreso en su conjunto.
Si el Senado del bicentenario quiere nacer con legitimidad, debe hacerlo bajo reglas limpias y sin ventajas tramposas. De lo contrario, estaremos ante una oportunidad desperdiciada más, y lo que debía ser una mejora institucional se convertirá en un mecanismo de reciclaje político. Reformar el Congreso no es solo crear otra cámara: es asegurar que quienes la integren lo hagan bajo las mismas reglas que cualquier ciudadano.
Aún estamos a tiempo. El Tribunal Constitucional, la sociedad civil y la ciudadanía organizada pueden y deben pronunciarse. La reforma bicameral no debe convertirse en una excusa para extender privilegios, sino en un compromiso con una mejor democracia. Que la política deje de ser un atajo al poder y vuelva a ser un servicio al país.