Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Hay cosas que vuelan sin alas: la esperanza, los rumores… y los contratos del Ejército del Perú. Esta vez, no hablamos de fantasmas ni de drones, sino de cuatro helicópteros rusos que, según una auditoría, fueron enviados a reparación por S/96 millones a una empresa sin licencia del fabricante, sin concurso, sin licitación… pero con todas las bendiciones de los altos mandos militares. Así despega otro capítulo más del ya saturado manual del “cómo lo hicimos sin que se note (tanto)”.
El libreto es tan familiar que ya no causa sorpresa, solo deja un zumbido en el oído parecido al de un rotor dañado. Todo comienza con una empresa —Helicentro Perú— que, mágicamente, se adjudica un contrato millonario para reparar aeronaves rusas sin contar con la autorización de los rusos. ¿Detalles técnicos? Bagatelas burocráticas. ¿Normas de la Dirección General de Aeronáutica Civil? Molestias prescindibles. ¿Documentación? Solo si se puede editar en Word.
Pero aquí lo verdaderamente “aeronáutico” fue la velocidad con que se aprobó el contrato, se giraron S/29 millones como adelanto (¿cambio exacto?) y se aceptaron demoras sin penalidad alguna. Tan fluido fue todo, que hasta se firmó un acta de conciliación para que no quede mal sabor entre “proveedor” y “beneficiario”. Claro que en este caso, no queda claro quién fue quién.
Los personajes del escuadrón del overhaul —generales Ojeda, Briceño y Calle, entre otros— no eran cualquier soldado raso. Hablamos del actual Comandante General del Ejército, el jefe del Estado Mayor y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Sí, las máximas autoridades que hoy comandan la defensa nacional firmaron, recomendaron o avalaron el contrato con Helicentro Perú, pese a que una carta oficial rusa había advertido que esa empresa no tenía ninguna autorización para tocar sus helicópteros. Un pequeño detalle, como para haberlo leído en voz alta antes de la firma.
Por supuesto, cuando se consultó al Ejército por las conclusiones de la auditoría del Órgano de Control Institucional (OCI-EP), la respuesta fue digna de una película de espías: “el documento no es oficial porque no está publicado” y, si acaso existiera, “está clasificado como secreto”. Una forma elegante de decir: “no hemos leído nada, no hemos visto nada, y no vamos a hablar de nada”. Mientras tanto, los helicópteros siguen en tierra y los millones ya alzaron vuelo.
Pero no es todo. El caso Helicentro es solo la secuela de una primera parte: otro contrato por S/79 millones con Milenium Veladi Corp., una offshore panameña que representa —de forma creativa— a fabricantes rusos bloqueados por sanciones internacionales. En este episodio, también hubo adjudicación directa, falta de entregas, y un acuerdo verbal con funcionarios rusos que —por las sanciones— no podían firmar ni enviar papelitos. Todo basado en la confianza, como en los mejores tiempos de la Guerra Fría.
En un país donde se cuestiona hasta el precio de una licuadora en licitación pública, el Ejército del Perú reparte contratos millonarios con la soltura de quien lanza granadas de humo. No es solo el escándalo de adjudicar sin licencias. Es la institucionalización de la impunidad, la normalización del “lo firmé, pero no sabía”, el reciclaje de excusas entre generales que hoy tienen el control del país en sus manos… y de sus aeronaves en manos de quien pague primero.
Hoy no se trata de helicópteros. Se trata de la fragilidad del sistema de control, de cómo se manipulan procesos en nombre de “la operatividad”, de cómo se volatiliza la legalidad en medio de aplausos burocráticos. Y mientras se nos dice que todo está “en revisión”, los únicos que no despegan en este país son la ética, la transparencia y —cómo no— la justicia.
Porque en el Perú, los helicópteros quizás no vuelen… pero los millones, sí.