Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Con un 90% del país capturado por las extorsiones y un Estado más pasivo que víctima, Perú parece haber tercerizado la gobernabilidad al crimen organizado. Las cifras crecen, las víctimas se multiplican y las respuestas oficiales siguen en etapa de diagnóstico… desde hace años.
Cuando Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, afirmó que “el 90% del país está capturado por la extorsión”, no estaba lanzando una hipérbole. Estaba haciendo un parte médico de una nación secuestrada por el crimen y abandonada por sus autoridades. Porque en el Perú de 2025, ya no es necesario ser empresario, comerciante o mototaxista para vivir con miedo: basta con contestar el teléfono equivocado o pasar por un puente «privatizado» por alguna banda delictiva.
Mientras tanto, el Estado —ese que juró protegernos— sigue ocupado, al parecer, redactando protocolos, celebrando reuniones intersectoriales y diseñando soluciones que jamás se implementan. En este país, la extorsión no es solo un delito: es un sistema paralelo, funcional, rentable… y hasta predecible.
Un país donde se paga hasta por cruzar un puente
Si algo ha logrado la extorsión en el Perú es democratizar el miedo. No discrimina entre grandes empresas y pequeños negocios, ni entre regiones desarrolladas y zonas rurales. Hay extorsión al menudeo, donde te cobran por la seguridad que el Estado no brinda. Hay extorsión empresarial, a colegios, gimnasios y líneas de transporte. Hay préstamos gota a gota que empiezan con una sonrisa y terminan con amenazas. Hay llamadas desde las cárceles, bombas caseras en los negocios que se niegan a pagar, y hasta secuestros con tortura para obtener un rescate.
El Perú ya no es una república: es una plaza comercial administrada por bandas. Y no importa si estás en Lima, Piura, Ica o Cusco; lo más probable es que, si no te ha tocado, estés en lista de espera. Pero que no cunda el pánico: los criminales tienen una organización más eficiente que varios ministerios.
Del “Estado fallido” al “Estado rendido”
¿Y el gobierno?. Bien, gracias. Mientras las denuncias aumentan —solo entre enero y mayo de 2025 van 11,475, con picos alarmantes en Piura, Ica y Lambayeque—, el Estado sigue en la fase uno: identificar el problema. El mismo problema que se viene identificando desde hace diez años. Valdés propone usar big data, reforzar inteligencia, coordinar con operadoras, regular plataformas digitales, tercerizar el control de penales. Ideas sensatas. El detalle es que no se aplican. Porque en este país, todo plan contra el crimen tiene fecha de presentación, pero no de ejecución.
El INPE, por ejemplo, sigue permitiendo que las cárceles operen como centrales de llamadas. Mientras tanto, WhatsApp, Facebook y demás plataformas siguen siendo autopistas para el delito, sin regulación local ni colaboración internacional efectiva. ¿La solución? Una reunión. Otra más. Y un comunicado esperanzador. Por supuesto.
Si el crimen es eficiente, ¿para qué cambiar?
El crecimiento de la extorsión no es casual. Es rentable. Según Valdés, medio millón de personas está atrapada en el sistema de préstamos extorsivos. Y si cruzar un puente o vender en la calle genera ingresos diarios para bandas criminales, entonces el modelo de negocio está funcionando. Con el nivel de informalidad y desprotección que hay en el país, el crimen organizado no solo encontró una oportunidad: encontró un mercado virgen.
De hecho, el crimen está haciendo lo que el Estado no puede: controlar territorios, cobrar por “servicios”, establecer reglas, aplicar castigos y garantizar continuidad. No es sarcasmo: es un modelo de gobernanza alternativo. Y, lamentablemente, más efectivo.
Cuando las cifras son tan frías como las autoridades
De seguir esta tendencia, cerraremos el 2025 con casi 30 mil denuncias por extorsión. Pero eso es solo la punta del iceberg. La mayoría de víctimas no denuncia por miedo o porque sabe que nadie hará nada. La impunidad no es una amenaza: es parte del paisaje. Lo dramático no es que haya criminales. Lo dramático es que las instituciones que deberían enfrentarlos han decidido no molestar.
Valdés lo dice claro: con las denuncias ya registradas podríamos mapear horarios, patrones, números, cuentas y zonas de operación. Pero eso implicaría voluntad política, recursos técnicos y, sobre todo, incomodar a estructuras que hace rato aprendieron a convivir con el delito.
En el Perú de hoy, si uno quiere prosperar, hay que pagar cupo. Si quiere seguridad, mejor contrátela. Si quiere justicia, tenga paciencia. Porque el sistema ya no está roto: ha sido reemplazado. El crimen no se infiltra en el Estado; lo reemplaza en cada zona donde este decide no entrar. La extorsión no es una falla del sistema: es el nuevo sistema.
Reflexión final
No estamos camino al colapso. Estamos normalizando el colapso. La pregunta ya no es qué hacer para erradicar la extorsión, sino si queda alguien con autoridad —y voluntad— para enfrentarlo. Porque mientras el Estado sigue evaluando, los delincuentes ya están cobrando. Aquí, quien se organiza mejor gana. Y, hasta ahora, los únicos que realmente operan con punche… no están en el gobierno.