Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Congreso pagó más de 1 millón de soles en seguro EPS para personas que no les correspondía. Cuando creíamos que el Congreso ya había tocado fondo en el uso indebido de fondos públicos, la Contraloría nos regala una joya administrativa: más de un millón de soles fueron gastados en seguros médicos privados (EPS) para personas que no debían recibirlos. Exesposos, convivientes ilegales, parejas fantasmas y hasta fallecidos. El Parlamento, ese mismo que niega presupuestos para hospitales colapsados y para enfermos sin tratamiento, sí tuvo tiempo y dinero para asegurar… el descaro. Porque si en algo son expertos nuestros padres de la patria, es en blindarse. Y no hablamos de la inmunidad parlamentaria, sino de la inmunidad ética.
La historia no requiere ficción. Desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023, el Congreso del Perú pagó más de S/ 1 071.326 en planes de salud para personas que no tenían derecho alguno a recibirlos. ¿Cómo? Muy sencillo: bastó con no reportar divorcios, registrar convivientes casados con otros o simplemente no eliminar a beneficiarios fallecidos del sistema. En algunos casos, el beneficio se mantuvo por más de 185 meses. Si eso no es amor eterno, al menos es fidelidad presupuestal.
Pero el problema no es solo de formularios vencidos o administrativos desorientados. La Contraloría fue clara: hubo omisiones deliberadas por parte de funcionarios que sabían lo que hacían, y decidieron no corregirlo. Porque en el Congreso no solo se legisla con intereses, también se gestiona con favoritismos. Y mientras las regiones siguen sin médicos, sin vacunas, sin ambulancias, en Lima se blindaban relaciones rotas con fondos públicos.
Todo esto ocurre bajo la mirada indiferente del Ejecutivo. Dina Boluarte, siempre atenta a los viajes y a las cumbres diplomáticas, ha optado por un silencio clínico ante este nuevo escándalo. ¿Hablar del Congreso? Mejor no incomodar a los aliados que podrían sostener su tambaleante mandato. ¿Fiscalizar el gasto en salud? Solo si no afecta a los de siempre. El ministro de Salud, por su parte, se mantiene fiel a su estilo: mudo, invisible, decorativo. Porque para este gobierno, la salud es una prioridad… mientras no toque el poder.
Y lo más trágico es que el Congreso no solo permitió el abuso, sino que nunca lo detuvo. No fue un error aislado. Fue un patrón. Una cultura. Un sistema donde el registro de EPS se convirtió en un catálogo de favores personales. En lugar de depurar beneficiarios, los perpetuaron. En lugar de corregir, ocultaron. En lugar de sancionar, premiaron con el silencio.
Mientras niños mueren por falta de tratamiento, y las regiones piden a gritos brigadas médicas, el Congreso gasta en seguros de salud para quienes ni siquiera figuran como familia legal. Este no es un caso menor. Es un ejemplo más de cómo el Estado es capturado, manipulado y vaciado por quienes dicen representarnos. Un Congreso que pide respeto a la institucionalidad, pero que no respeta ni la lógica más básica de la ética pública.
Reflexión final
En el Perú, hay quienes deben mendigar atención médica. Y hay quienes, por firmar planillas en el Congreso, pueden asegurar a sus ex, a sus amigos, a sus muertos. Así funciona el sistema: injusto, amañado y autocomplaciente. Dina Boluarte, su ministro ausente y los congresistas silenciosos son cómplices de un modelo donde el privilegio es norma y la corrupción, rutina. El Parlamento no está enfermo: está clínicamente contaminado. Y lamentablemente, no existe EPS que cubra ese diagnóstico.