Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Y finalmente, el Congreso logró hacer algo en lo que parece tener experiencia: firmar otra inhabilitación contra Martín Vizcarra. Esta vez, por diez años más. ¿La razón?. Cerrar el Congreso en 2019, ese acto que algunos recuerdan como golpe y otros como ajuste de cuentas. Pero más allá del debate constitucional, hay algo que sí parece tener consenso nacional: el señor Vizcarra no debería volver a acercarse a un cargo público… ni siquiera para cortar una cinta.
La resolución ya es oficial. Se publicó en El Peruano con la pomposidad que caracteriza a estos trámites. La firmaron Eduardo Salhuana y Patricia Juárez, fieles guardianes de lo que queda del honor legislativo. Con 67 votos a favor (y después de un “revival parlamentario” que ni Netflix se atrevió a producir), el Congreso desempolvó la reconsideración y la convirtió en venganza institucional con firma y sello.
No es la primera vez que Vizcarra recibe un portazo legal. Ya está inhabilitado también por vacunarse en secreto durante la pandemia —ese capítulo en el que el líder del país decidió que su brazo valía más que el de cualquier médico de UCI—. Ahora suma otra decena de años alejado del aparato público. Si esto fuera acumulativo, tendríamos un récord Guinness de inhabilitación política.
Pero claro, el Congreso no pierde la oportunidad de hacer de lo necesario un espectáculo. Porque no basta con inhabilitarlo: hay que hacerlo con discurso, con retórica heroica y con mirada al 2026. Cada parlamentario que votó a favor lo hizo como si estuviera salvando la república, cuando muchos de ellos no logran salvar ni su coherencia. Algunos que lo respaldaban antes, hoy piden que lo entierren políticamente. Otros, que aplaudieron el cierre del Congreso en su momento, ahora lo condenan como si hubieran sido mártires de la democracia. En este país, los archivos son de acceso público, pero la memoria política es de acceso restringido.
Y Vizcarra, mientras tanto, sigue hablando como si nada. Apela, se victimiza, tuitea con tono de estadista en el exilio, y a ratos coquetea con volver. El problema no es que lo digan; el problema es que algunos lo crean. Porque la política peruana, como sabemos, es una tragicomedia donde los inhabilitados resurgen y los indignos se reeligen.
Martín Vizcarra debería estar inhabilitado de por vida. No por revancha, sino por decencia. Por respeto a quienes aún creen que gobernar es un acto ético, y no un proyecto personal de marketing, traición y doble discurso. No puede pretender volver a la escena pública alguien que manipuló una crisis, vacunó en secreto y todavía se presenta como redentor de la patria.
La inhabilitación no es censura. Es higiene democrática. Es decirle al país que, por más frágiles que sean nuestras instituciones, hay líneas que no se deben cruzar. Aunque claro, esa lógica funciona solo cuando no se convierte en circo. Porque si el Congreso se lo toma como una vendetta personal, sin la menor autocrítica sobre su propio historial, termina deslegitimando incluso lo que está bien hecho.
Reflexión final
El caso Vizcarra es el espejo roto de la política peruana. Un exmandatario que cerró el Congreso en nombre de la moral, pero que no dudó en vacunarse primero y mentir después. Un Congreso que lo condena con firmeza hoy, pero que ayer se arrastraba en silencio para no quedar mal con el poder de turno. Y una ciudadanía que, entre la indignación y el cansancio, asiste al desfile de inhabilitados y aspirantes como quien mira una telenovela que ya no sorprende.
Inhabilitar a Vizcarra es necesario. Pero no suficiente. También habría que inhabilitar el cinismo, la amnesia y la impunidad. Porque lo que se necesita no es solo que él no vuelva. Es que otros como él, tampoco lleguen.