Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Dicen que el agua es vida, pero en el Perú político, el agua es negocio. Y como buen negocio, hay que privatizarlo, traficarlo, concentrarlo y, si se puede, venderlo con recibo. Eso es exactamente lo que propone la flamante Ley Chlimper 2.0, una norma impulsada con entusiasmo desde el Midagri y el Congreso que, bajo el disfraz de “nueva Ley Agraria”, busca legalizar —sin anestesia— el tráfico de agua en el país. Porque aquí no se legisla por justicia ni por sostenibilidad, sino por conveniencia. Y el líquido elemento ahora cotiza en el mercado político más seco del continente.
La nueva ley permite que las asociaciones de usuarios puedan transferir —léase vender, negociar, ofrecer, subastar— el agua “ahorrada”. Lo que hasta ayer era un recurso público y no comercializable, protegido por la Constitución y por la Ley de Recursos Hídricos, mañana podrá formar parte del portafolio de activos de agroexportadoras, especuladores y grandes grupos económicos. Como si el agua fuera un activo inmobiliario, y no el insumo esencial para que millones de peruanos puedan vivir, producir y alimentarse.
Esta operación legislativa, disfrazada de fomento a la eficiencia, dinamita de un solo golpe décadas de principios básicos: que el agua es patrimonio de la Nación, que su uso es un derecho regulado, y que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) es la encargada de redistribuirla cuando hay excedentes. Pero la Ley Chlimper 2.0 le da a los grandes usuarios el control sobre los recursos y excluye a la ANA del proceso. En resumen: el Estado entrega las llaves del caño a quienes más agua ya tienen. Y los demás… a esperar la lluvia.
¿Y qué dicen los autores de la ley?. Que esto mejorará la gestión hídrica, fomentará asociaciones y hará más competitivo el agro. Claro, tan competitivo como cuando se permite que los pequeños agricultores tengan que “asociarse” con los grandes bajo esquemas de agricultura por contrato: un eufemismo elegante para decir subordinación económica disfrazada de alianza productiva. Es el viejo cuento de la integración vertical: tú pones la tierra, yo pongo el contrato, y el agua ya la tengo asegurada.
Pero el negocio va más allá del campo. Lo que está en juego es el nacimiento de un mercado negro (ahora legalizado) de agua, con características de acaparamiento similares a las que ya generaron crisis hídricas en Chile. Con el cambio climático y la creciente escasez de agua, lo que esta ley propone no es gestionar el recurso de forma equitativa, sino transformarlo en una ficha especulativa, al mejor estilo de la bolsa de valores.
Todo esto, por supuesto, con el aplauso del Congreso, que parece más motivado por redactar leyes con nombre y apellido que por proteger los derechos fundamentales de los peruanos. Y con la bendición del Midagri, que lejos de defender a los agricultores, actúa como oficina técnica de los grandes intereses privados. Una alianza perfecta: un Congreso sin ética y un ministerio sin soberanía técnica.
La Ley Chlimper 2.0 no es una norma agraria. Es una declaración de guerra contra el principio de equidad hídrica. Es el paso previo al despojo del agua en manos de las comunidades, campesinos y pequeños productores. Es el inicio de un mercado de concentración hídrica donde quienes más tienen, más podrán vender. Y los demás, a ver correr el río desde lejos.
Reflexión final
En un país donde el acceso al agua ya es desigual, donde comunidades enteras dependen de camiones cisterna y donde las sequías golpean cada año con mayor crudeza, el Congreso ha decidido legalizar el saqueo. La pregunta ya no es de quién es el agua. La pregunta es: ¿cuánto costará el derecho a vivir?. Porque si el Estado convierte el agua en mercancía, lo que nos queda no es sequía, sino una estafa con firma y sello oficial. Y cuando llegue la próxima crisis hídrica, no digan que fue la naturaleza. Fue el Congreso. Y con premeditación.