Por Edwin Gamboa, funador Caja Negra
El Perú está de regreso… al pasado. Y lo hace sin disimulo, con decretos, blindajes y aplausos de un Congreso que funciona como sucursal del olvido. A puertas de la Asamblea General de la OEA, tres organizaciones internacionales han lanzado una alerta que ya no sorprende, pero sí indigna: el Perú ha roto con la democracia y los derechos humanos. Y al mando de esta regresión, como capitana de un barco sin brújula, está Dina Boluarte. No hay errores, ni confusión, ni torpeza: lo que hay es cálculo, conveniencia y un proyecto de poder que se alimenta del silencio, la impunidad y el desprecio por el derecho internacional.
El comunicado de CEJIL, DPLF y WOLA no se anda con rodeos: el Estado peruano muestra un “alarmante desapego” a los principios fundacionales de la OEA. ¿La prueba más reciente? La aprobación de una segunda ley de amnistía en menos de un año, diseñada para beneficiar a perpetradores de crímenes atroces cometidos entre 1980 y 2000. Más de 750 casos en juego. 156 con sentencia firme. Pero el Ejecutivo no se opone. Dina Boluarte calla. Y cuando calla, otorga. O peor: respalda con su pasividad.
Porque seamos claros: un gobierno que no se pronuncia frente a una ley que entierra décadas de lucha por la justicia, es un gobierno que valida la impunidad. Y en el Perú de Boluarte, eso no solo es costumbre. Es política de Estado. La presidenta, lejos de ser un muro de contención ante el avance autoritario del Congreso, es su mejor socia. Desde que asumió el poder, ha hecho de la indiferencia su doctrina, del retroceso su estilo de gestión, y del silencio su estrategia para no mancharse… mientras el país se desangra institucionalmente.
Y como si no bastara con la amnistía, el nuevo premier Eduardo Arana —nombrado por Boluarte, no lo olvidemos— ha planteado la posibilidad de revisar la permanencia del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Es decir, ante los cuestionamientos por violar sentencias de la Corte IDH… ¿la respuesta es romper con la Corte IDH? Magistral. Si no te gusta la ley, cambia de tribunal. Si no te gusta la justicia, apágala.
La ironía es grotesca: mientras Boluarte promueve la postulación de un jurista peruano a ese mismo tribunal internacional, su gobierno coquetea con retirarse del sistema. Es como enviar flores a una pareja mientras firmas los papeles del divorcio. O como respaldar públicamente los derechos humanos… justo después de pasarlos por la trituradora legislativa.
Este no es un caso aislado, ni un exceso del Congreso. Es parte de una lógica que parte del Ejecutivo, del despacho presidencial, de una mujer que llegó al poder prometiendo respeto a la Constitución y que hoy camina sin escrúpulo hacia el abismo autoritario. Las ONG lo dicen claro: no es improvisación. Es estrategia.
El Perú no está enfrentando una crisis de comunicación ni un bache institucional. Está inmerso en un proceso deliberado de desmontaje de garantías democráticas. Y Dina Boluarte, lejos de resistirse, lo ha aceptado como el precio para mantenerse en el poder. Hoy no gobierna: administra su sobrevivencia. No lidera: negocia su permanencia. Y para eso, necesita un Congreso sumiso, una justicia maniatada y una ciudadanía confundida.
El problema es que los derechos humanos no son opcionales. No se suspenden por conveniencia política. No se canjean por estabilidad. Y si la presidenta aún pretende que su nombre no quede inscrito en la historia como símbolo del retroceso, haría bien en reaccionar antes de que todo lo que quede por gobernar sea el silencio.
Reflexión final
Lo que ocurre hoy en el Perú no es solo un escándalo jurídico. Es una traición. A las víctimas del pasado. A las instituciones del presente. Y a cualquier futuro democrático posible. Dina Boluarte puede seguir firmando convenios, posando con embajadores y enviando candidatos a cortes internacionales. Pero mientras en casa avale el desacato, ignore la impunidad y se alíe con quienes legislan para enterrar la memoria, no habrá discurso que limpie su responsabilidad.
Porque hay algo peor que gobernar mal: gobernar con plena conciencia de que se está destruyendo lo que queda de república. Y en el Perú de hoy, eso tiene nombre, cargo… y firma.