Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Mientras el país se desangra entre el crimen organizado, la corrupción institucionalizada y un Estado que opera en piloto automático, al sur de Lima, en Cruz de Hueso, ocurre un episodio que parece extraído de un manual de descomposición nacional: una base militar del Ejército está siendo loteada sin que nadie mueva un dedo. Sí, una zona donde hay un polvorín activo y donde, según las normas, solo deberían entrenar soldados, ha sido vendida, revendida, ocupada y dividida como si fuera tierra de nadie. Pero no lo es. Es tierra del Estado. Del Perú. Aunque a estas alturas, ¿qué significa eso?
La historia, documentada por el diario Perú21, parece una tragicomedia nacional. Una asociación de reservistas llamada Club House Paraíso del Sur llegó a instalarse en terrenos del Ejército con el sueño —o la ilusión— de la casa propia. Lo hicieron gracias a un trato con la empresa Praderas del Manzano SAC, que les aseguró que esos terrenos eran suyos porque los habían comprado a una comunidad campesina. El único detalle es que esos predios estaban duplicadamente inscritos, y la Superintendencia de Bienes Nacionales (SBN) luego aclaró que las tierras pertenecen al Ejército y están destinadas, desde hace 50 años, para uso militar. Pequeño detalle, ¿no?.
Pero la historia se pone aún más surrealista cuando entra en escena Prescott SAC, otra empresa cuya relación con el Ministerio de Defensa —a través de contratos previos— y con personas investigadas por usurpación, ha generado aún más dudas. Su gerente, Juan Herbias, según relatan los propios involucrados, vendió lotes a los reservistas, cobró hasta S/6,500 por cabeza (hay vouchers), y les prometió que, con el tiempo, podrían apoderarse también de la base militar colindante, si colaboraban en “llenar” su fundo primero. ¿El Ejército?. Presente, sí. Activo, no tanto.
Se han realizado siete operativos de desalojo, pero cada intento parece más una coreografía para las cámaras que una verdadera acción de autoridad. Porque no estamos hablando de invasiones marginales: hablamos de la venta organizada de terrenos del Ejército peruano en complicidad, o con la inacción conveniente, de múltiples entidades públicas.
¿Y qué dice el Gobierno?. Nada. Absolutamente nada. La presidenta Dina Boluarte sigue más ocupada respondiendo (o evadiendo) preguntas sobre relojes, joyas, cirugías estéticas y cofres misteriosos que sobre temas de seguridad nacional. El Ministerio de Defensa, en silencio cómplice. El Congreso de la República, que tan hábil se muestra para reponer la inmunidad parlamentaria o para legislar en favor de sus aliados, no ha dicho una palabra sobre esta burla a la soberanía nacional.
Como si eso fuera poco, los protagonistas de esta historia, tanto los vendedores como los compradores, tienen antecedentes más que dudosos. Uno fue capturado en el 2018 durante un operativo contra Los Malditos de Santa Rosa, banda dedicada al tráfico de terrenos. El otro está siendo investigado por usurpación en Punta Negra. Pero como vivimos en el país de las “oportunidades”, hoy son actores inmobiliarios de una farsa que, de no ser trágica, sería digna de parodia.
La base militar de Cruz de Hueso se ha convertido en símbolo del colapso institucional del Perú. Un terreno del Estado, ocupado por especuladores, con contratos informales, pagos sin sustento legal, empresas con antecedentes y un Ejército que mira de lejos. Todo bajo la inacción de un gobierno ausente, un Congreso cómplice y unas fuerzas armadas que han sido despojadas, no solo de su terreno, sino de su propia autoridad.
Reflexión final
Este escándalo no es solo un caso más de tráfico de terrenos. Es una señal inequívoca de que el Perú ha perdido el control de su territorio y de su dignidad institucional. Mientras el gobierno guarda silencio ante la invasión de una base militar y las autoridades se cruzan de brazos, el país sigue siendo loteado —literal y simbólicamente— por mafias, especuladores y oportunistas. Y si el Estado no puede defender ni siquiera sus propios cuarteles, ¿quién defenderá a los ciudadanos comunes? ¿Quién protegerá el futuro de este país? Parece que en el Perú, hasta la patria se subasta. Y lo peor es que no hay postores indignados, solo espectadores resignados.