Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Lima tiembla, literalmente. Y no es por la emoción de un partido de fútbol ni por los discursos inspiradores del gobierno. Esta vez, el sacudón vino de la tierra: un sismo de 6.1 que dejó grietas en cerros, deslizamientos en zonas populares y, sobre todo, una certeza aterradora: el 70% de las viviendas de Lima podrían colapsar si ocurre un terremoto de gran magnitud. Ante eso, la respuesta institucional ha sido, cómo decirlo, esclarecedora: rezar. Sí, rezar. Esa es la recomendación de un ingeniero geólogo frente a la ausencia de un verdadero plan de contingencia.
Mientras tanto, desde Palacio de Gobierno se siguen emitiendo comunicados, campañas de sensibilización, spots televisivos y promesas etéreas. Pero cuando se trata de decir cuántos hospitales están operativos, cuántas carpas temporales hay disponibles, cuántos litros de agua, cuántos botiquines, cuántas camas y cuánta voluntad política existen para enfrentar el desastre… el silencio es sísmico.
Una ciudad sobre papel reciclado
Lima, esa metrópoli caótica y desigual, se levanta —o más bien, se tambalea— sobre suelos frágiles, con casas autoconstruidas, sin supervisión técnica ni cumplimiento de normas. El ingeniero José Macharé, del Colegio de Ingenieros del Perú, ha sido tajante: entre el 70% y 80% de las viviendas han sido levantadas sin ningún control estructural. Es decir, con ladrillo, fe y buena voluntad. Y claro, eso podría bastar si el país no estuviera sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico.
Pero lo más preocupante no es solo la informalidad estructural, sino la pasividad institucional. El reciente sismo ha dejado al descubierto el nivel de vulnerabilidad en distritos como Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, San Juan de Lurigancho, Comas e Independencia, donde los suelos blandos amplifican las ondas sísmicas y las construcciones improvisadas multiplican el riesgo. Según el CISMID de la UNI, los movimientos telúricos se sienten hasta el doble en estas zonas que en distritos más consolidados como Miraflores o San Isidro. Un país, dos realidades, y una misma amenaza que no distingue clases sociales… pero las golpea con distinta intensidad.
El Estado sísmicamente ausente
¿Y qué dicen nuestras autoridades? ¿Dónde está el plan integral de prevención y respuesta? ¿En qué gabinete se escondió el protocolo de acción para un evento de magnitud 8 o 8.5? Al parecer, entre viajes protocolares, operaciones de belleza y comunicados de calma, el gobierno de Dina Boluarte ha olvidado algo básico: que gobernar también implica anticiparse a los desastres.
Ni el Ministerio de Vivienda ni el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) han dado cifras concretas sobre infraestructura hospitalaria lista, centros de evacuación equipados o simulacros reales con participación masiva. En su lugar, se nos ofrecen mesas de trabajo, diagnósticos preliminares y campañas de concientización. Todo muy importante en PowerPoint, pero inservible cuando se cae el techo encima.
Mientras tanto, desde las zonas altas de los cerros limeños, los vecinos se aferran a sus viviendas precarias y a las palabras de expertos que les sugieren, con resignación científica, “rezar”. Porque, seamos honestos, en este país pedir prevención es casi tan milagroso como que la ayuda llegue a tiempo.
Y si tiembla más fuerte… ¿quién responde?
El problema no es solo la posible caída de viviendas. Es el efecto dominó que un sismo de gran magnitud provocaría: hospitales colapsados, carreteras bloqueadas, redes eléctricas destruidas, agua contaminada, escuelas inutilizables, gente sin hogar ni comida. ¿Está el Estado preparado? ¿Dónde están los almacenes logísticos? ¿Los helicópteros? ¿Los centros de atención rápida?
Al parecer, en el mismo lugar donde se archivaron tantas leyes de prevención: en la indiferencia funcional del aparato estatal. Porque cuando los políticos tienen un techo firme, seguridad garantizada y salida de emergencia, lo demás puede esperar. O caerse.
En el Perú, los terremotos naturales son inevitables; los institucionales, imperdonables. Que Lima esté construida sobre zonas sísmicas es un hecho geológico. Que más del 70% de sus viviendas no cumplan los estándares mínimos de seguridad, es un hecho social. Pero que el gobierno no tenga una política clara de mitigación y respuesta, eso ya es un hecho político. Y cuando el único plan de emergencia es apelar a la fe, es porque la gestión ha renunciado a la planificación.
Reflexión Final
La fe no reemplaza al cemento armado. Las oraciones no suplen a los hospitales. Y los comunicados no sirven de refugio ante los escombros. Lima no necesita una misa, necesita un plan. Y si Dina Boluarte y su gabinete no pueden ofrecerlo, al menos que no estorben con su optimismo insulso.
Porque cuando la tierra hable de verdad, será demasiado tarde para pedir disculpas o buscar culpables. Y en ese momento, cuando el país esté cubierto de polvo y llanto, recordaremos que el verdadero desastre no fue el terremoto, sino el desgobierno.