Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En el Perú del 2025, el Congreso ha descubierto una fórmula infalible para combatir la corrupción, el escándalo y el descontrol institucional: prohibir que sus trabajadores hablen. Así de sencillo. La lógica es impecable: si nadie declara, no hay testimonio; si no hay testimonio, no hay escándalo; y si no hay escándalo, todo está en orden. Así, bajo la noble consigna de “aplicar la ley”, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso de la República, ha decidido recordarnos que el silencio es salud… para los congresistas, claro.
El flamante comunicado de Salhuana —militante de Alianza para el Progreso, como no podía ser de otra forma— responde a un memorándum emitido por el oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno. En él, se “recuerda” que los trabajadores del Congreso tienen prohibido declarar públicamente sobre cualquier asunto relacionado al Legislativo o sus sacrosantos parlamentarios, salvo que tengan una “autorización expresa”.
Autorización expresa. Qué término más hermoso. Una joya burocrática que haría sonrojar a los más autoritarios regímenes. Porque no es censura, dicen ellos: es regulación. No es coacción: es legalidad. “El Congreso aplica la ley, no coacciona”, sentencia Salhuana, citando los artículos 89 del Reglamento Interno, el Decreto Legislativo 276 y la Ley 30057. ¡Bendita legalidad, tan útil para blindar el poder y callar las fugas!
Por si fuera poco, el presidente del Congreso se atrevió a soltar, sin que se le mueva una sola coma de pudor, que el Congreso “es la institución más transparente del país”. Así, sin reírse. Publica gastos, compras, contratos, personal, viajes y rendiciones de cuentas “sin límite ni restricción alguna”. Una afirmación tan hilarante como peligrosa, porque intenta maquillar lo que está a la vista de todos: una institución que ha normalizado la opacidad, el blindaje político y la protección interna como si fueran deberes institucionales.
Y si alguien pensaba que esto era solo un tecnicismo, el comunicado avanza con una advertencia: el Congreso no tolerará “figuretismo” ni “declaraciones irresponsables”. Qué mejor forma de ocultar la podredumbre que acusar a los demás de ser irresponsables por intentar ventilarla. En lugar de preocuparse por lo que se dice, deberían angustiarse por lo que se hace dentro del Congreso.
Pero aquí viene la cereza del pastel institucional: la indignación por el escándalo de “sexo por votos”, ese episodio dantesco que nos recordó que en el Congreso peruano la imaginación para degradarse no tiene límites. Según Salhuana, el país entero le debe una disculpa al Parlamento por repetir una “declaración infame” que habría sido “infundida por la prensa internacional”. O sea, el problema no fue la red de favores sexuales, sino el periodista que lo dijo. A ese nivel hemos llegado.
La fuente de la “infamia” fue el mismísimo congresista Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien declaró a varios medios que “se trataría de favores sexuales para doblar los votos en el Congreso”. Pero no, eso no merece una investigación profunda, ni una autocrítica, ni una renuncia, ni un mea culpa. Lo que merece, según Salhuana, es silencio. Absoluto. Reglamentado. Legal.
El Congreso peruano ha redefinido la transparencia: ya no se trata de abrir las ventanas al escrutinio público, sino de sellarlas con silicona normativa. La transparencia, en esta lógica perversa, consiste en prohibir que los testigos hablen y aplaudir lo poco que se publica en portales opacos y formularios vencidos. Porque, claro, si nadie cuenta lo que pasa, entonces no pasa nada.
El Congreso dice que “no coacciona”, pero sus medidas gritan control. Dice que “no teme la fiscalización”, pero limita la voz de quienes pueden ofrecerla desde dentro. Dice que “aplica la ley”, pero la interpreta como traje a medida.
Reflexión final
Silenciar a los trabajadores del Congreso no es aplicar la ley: es institucionalizar el miedo. Es apagar cualquier alarma interna que pueda poner en riesgo la comodidad de los impunes. Es, en esencia, una estrategia de supervivencia para una clase política que ya no se sostiene por la legitimidad, sino por el blindaje.
En el Perú del 2025, la consigna es clara: no se trata de gobernar bien, sino de no dejar rastros. Y en ese empeño, la palabra es el primer enemigo. Porque en un Congreso donde reina el silencio, solo el escándalo puede hacer ruido. Y eso, parece, les aterra más que cualquier sentencia.