Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Un sismo de 6.1 volvió a sacudir Lima el 15 de junio, y con él tembló también esa falsa sensación de seguridad que el Estado se empeña en vender. Una vez más, el epicentro no fue solo geológico, sino institucional: improvisación, parches, declaraciones vacías. Y como si se tratara de una sátira escrita por el mismísimo Kafka andino, la noticia estrella es que las geomallas colocadas en la Costa Verde no sirven frente a un verdadero terremoto. O sea, estamos protegidos… solo mientras no pase nada grave. ¿Y si pasa? Pues que Dios nos agarre con buena señal de celular para despedirnos por WhatsApp.
El ingeniero Raúl Delgado Sayán, experto en infraestructura, lo dijo sin rodeos: las geomallas que decoran los acantilados de la Costa Verde no protegen de un sismo de gran magnitud ni de un posible tsunami. ¿Y entonces por qué están ahí? Porque el Perú es especialista en aplicar soluciones decorativas a problemas estructurales. ¿Que la Costa Verde podría colapsar? Pongámosle una malla. ¿Que los edificios están al borde del precipicio? Pintemos la vereda. ¿Que viene un terremoto de 8.8? Hagamos un simulacro con aplausos.
Mientras tanto, el Estado, ese Leviatán adormilado, sigue jugando al “ya se verá”. La propuesta de reforzar la base del acantilado con un muro pantalla de concreto armado, que incluye tensores para resistir 100 toneladas de empuje, parece de otro planeta. No por lo técnica, sino porque implica planificación, inversión real, voluntad política. Tres cosas que no suelen coexistir en la administración pública peruana. Y claro, nadie quiere arriesgar presupuesto en prevención si la inauguración no se puede cortar con tijera roja y salir en la foto.
Lo más indignante es que no estamos hablando de una amenaza lejana o abstracta. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha advertido, con insistencia, que Lima está en la mira de un terremoto mayor. Las “zonas de acoplamiento” frente a nuestra costa son básicamente trampas sísmicas acumulando energía. Pero el Estado parece más ocupado en “acoplar” discursos que en prevenir tragedias. ¿Qué se ha hecho? Poco. ¿Qué se hace ahora? Declaraciones. ¿Qué se hará después? Evaluaciones postdesastre. El ciclo del desgobierno.
Y mientras tanto, los edificios siguen creciendo al borde del acantilado como si estuviéramos en Mónaco, y no en un país donde el cemento se asienta sobre informalidad y la planificación urbana es opcional. El riesgo no solo es geológico. Es político, institucional y ético. Porque quienes hoy no invierten en protección serán mañana los mismos que pidan ayuda internacional con voz compungida y casco prestado.
Conclusión. La geomalla es solo la metáfora más visible de una estrategia estatal que se resume en una palabra: maquillaje. Cuando un país le teme más al gasto público que al colapso físico, está condenado a repetir su historia en escombros. Y en eso, el Perú es campeón continental.
No estamos ante una falla natural inevitable. Estamos ante una negligencia perfectamente evitable. Y el problema no es que no se sepa qué hacer: es que no se quiere hacer. Porque prevenir no da votos, no da contratos rápidos, no sale en los noticieros. Lo que sí da es vidas salvadas, pero eso parece importar menos que las licitaciones.
Reflexión final. Cuando el próximo gran sismo llegue —y va a llegar— no será la tierra la que nos trague. Serán los años de desidia acumulada, los discursos bonitos, las promesas incumplidas y los presupuestos malgastados. Las geomallas no nos van a salvar. Pero quizá nos recuerden, entre los restos del acantilado, que hubo advertencias, hubo propuestas, y hubo una clase política que decidió mirar al mar… en vez de actuar.
Y entonces, como en tantas otras tragedias peruanas, la historia oficial dirá que fue “un desastre natural”. Cuando todos sabíamos que fue, otra vez, un crimen perfectamente humano.