Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Dina Boluarte no habla con la prensa desde hace más de 247 días. En un país secuestrado por extorsionadores, sumido en una economía informal devorada por préstamos “gota a gota” con intereses del 1400%, y con más de 7 millones de peruanos obligados a cerrar o restringir sus negocios por miedo, el silencio presidencial no es casualidad: es política de Estado. Un país en piloto automático donde gobernar ha sido reemplazado por sobrevivir… y callar.
El Perú vive una de sus peores crisis de seguridad, gobernabilidad y dignidad democrática. La indiferencia del Ejecutivo, sumada a la inacción del Congreso, ha permitido que el crimen organizado ocupe los espacios dejados por un Estado ausente. Esta editorial denuncia la renuncia tácita del Gobierno a ejercer autoridad, proteger a sus ciudadanos y responder con transparencia. Nos enfrentamos a un vacío de liderazgo donde el silencio es cómplice y el desgobierno, política.
Según el reciente informe del Observatorio del Crimen y la Violencia del BCP, más de 7 millones de peruanos se han visto obligados a cerrar negocios o limitar sus servicios por la expansión de la delincuencia. La modalidad de préstamos informales “gota a gota”, gestionada por redes criminales, ya afecta a más de 200,000 familias y moviliza cerca de S/ 1,870 millones al año. ¿La respuesta del Estado?. Ninguna. ¿La reacción de la presidenta?. Cirugías estéticas, relojes de lujo y evasión mediática.
Prestamistas con pistola, gobierno sin plan. Mientras miles de emprendedores caen víctimas de prestamistas armados que cobran con sangre, Dina Boluarte acumula más escándalos que planes de gobierno. El exviceministro Ricardo Valdez advirtió que la llamada Ley de Usura —una decisión mal calculada del Congreso— terminó empujando a miles de peruanos fuera del sistema bancario formal. Resultado: los intereses legales bajaron, pero el crimen encontró un mercado listo para explotar.
En Lima, la situación es aún más alarmante: 4.2 millones de adultos (el 50% de su población) ya han sido víctimas directas de la delincuencia. El 60% vive en zonas declaradas en emergencia por inseguridad, pero apenas el 9% de los ciudadanos considera que esas medidas han servido para algo. La estadística no es solo fría: es un termómetro social que grita que el Estado ha perdido el control de la capital.
Y mientras la inseguridad urbana consume las ciudades, en el sur la minería ilegal de cobre avanza a ritmo de camiones. La Contraloría y expertos como Carlos Basombrío han advertido que zonas como Las Bambas están parcialmente controladas por mafias.
Este delito no opera solo: se vincula al narcotráfico, trata de personas, tala ilegal, contrabando y corrupción. Una economía subterránea que opera a la vista del Estado y con la venia de su inacción.
El Perú no enfrenta una crisis común. Enfrenta una claudicación institucional en cadena, donde el Ejecutivo ya no gobierna, el Legislativo improvisa y la ciudadanía sobrevive.
Dina Boluarte, con apenas 3% de aprobación —el índice más bajo del hemisferio—, se aferra al poder con una estrategia de resistencia muda, apostando a llegar al 28 de julio de 2026 como quien camina entre ruinas con los ojos cerrados.
Mientras tanto, el crimen se organiza, los peruanos se endeudan con amenazas y el país se paga en cuotas de sangre, miedo y resignación.
Desde La Caja Negra exigimos que la presidenta Boluarte rompa el silencio, rinda cuentas y ejerza liderazgo. La lucha contra el crimen, la reestructuración del sistema financiero informal, la contención de la minería ilegal y la protección de millones de peruanos no pueden seguir esperando su próximo viaje, joya o cirugía.
Es urgente reactivar un plan nacional de seguridad integral, fiscalización coordinada con gobiernos locales y reformas que devuelvan la confianza y el orden a la ciudadanía.
Gobernar no es callar. Gobernar no es huir. Gobernar no es llegar al final del mandato con el mínimo esfuerzo y el máximo blindaje judicial.
El silencio de Dina Boluarte no solo es un error político: es un insulto a millones de peruanos que sí dan la cara cada día para sobrevivir en un país en llamas.
Aquí no se pide milagros. Se exige presencia. Responsabilidad. Decisión. Porque mientras el crimen avanza a plomo y a intereses del 1400%, el Perú no puede seguir pagándose con vidas para financiar un gobierno que ya no gobierna.