Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Dicen que el Perú es un país emprendedor. Y no mienten: somos líderes… pero en extorsión. Mientras Dina Boluarte y su tropa ministerial siguen revisando el calendario para ver cuánto falta para el 28 de julio de 2026, el crimen organizado se ha convertido en la empresa más eficiente y rentable del país.
Aquí ya ni se necesita pistola ni pasamontañas: basta un celular, un WhatsApp y un Yape para someter a medio país. Bienvenidos a Extorsión S.A., la verdadera multinacional que opera sin pagar impuestos, sin licencias y sin controles del Estado.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior, nos lanza la cifra como un baldazo de agua helada: solo el ‘gota a gota’ mueve S/ 4 mil millones anuales. Repito: cuatro mil millones. Y eso sin contar el resto de variantes criminales que han florecido como hongos tras la lluvia: cobros de cupos, extorsión digital, amenazas desde penales, secuestros exprés, e incluso la versión “VIP” de la extorsión: la gubernamental, donde funcionarios públicos cobran “su parte” para mover un papel o firmar un contrato.
Mientras tanto, en los pasillos de Palacio y los ministerios, los discursos siguen siendo un reciclaje de promesas que nadie cumple. Estados de emergencia, operativos con drones y conferencias de prensa con el clásico “estamos trabajando”. Pura escenografía. La realidad es que la extorsión no necesita tanques ni soldados. Se hace desde una celda con un smartphone. Y eso, este gobierno, simplemente no lo entiende… o no lo quiere entender.
La magnitud del desastre es alarmante: En Lima, la mitad de los negocios en barrios populares ha cerrado por miedo a recibir el temido mensaje que dice “Paga o atente a las consecuencias”.
En regiones como Puno, La Libertad, Tumbes o el Callao, las bandas criminales ya son los verdaderos alcaldes. Ellos deciden quién abre, quién cierra, quién vive y quién muere.
El fenómeno ha tomado tal fuerza que, según Valdés, la economía criminal en el Perú ya supera los 12 mil millones de dólares. Más que el presupuesto anual de varios ministerios juntos.
Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno?. Nada efectivo. Declaran estados de emergencia como si fueran remedios mágicos. Pero no mueven un dedo para desarticular las redes financieras que permiten que el crimen lave dinero y financie su expansión.
Aquí nadie habla de seguir el dinero, de romper las estructuras de lavado, de meterle mano al sistema financiero informal donde se ocultan estas mafias. Ni un solo plan serio. Ni una sola reforma legal de peso. Todo está en piloto automático.
El Perú se está convirtiendo en un país donde el crimen ha tomado el lugar del Estado. No es solo un problema policial: es un fenómeno económico, social y político. Mientras tanto, Dina Boluarte y sus ministros parecen más interesados en resistir hasta el 28 de julio de 2026 que en rescatar a los ciudadanos de este infierno diario.
Reflexión Final
Que no nos vengan con discursos de “reactivación económica” cuando la única economía en plena expansión es la de la extorsión. Mientras la ciudadanía se encierra en sus casas, los criminales siguen cobrando cupos, manejando rutas de transporte, marcando empresarios y controlando barrios completos.
¿Dónde está el plan?. ¿Dónde está la estrategia?. Ojalá alguien en Palacio recuerde que gobernar es proteger a la gente. Porque mientras los políticos siguen en campaña personal, el Perú sigue perdiendo territorio, negocios y vidas, en manos de la más exitosa empresa del país: Extorsión S.A.