Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
En el Perú, nada muere, solo se prolonga. Y la minería informal es el mejor ejemplo. Mientras el Colegio de Abogados de Lima levanta la voz, la presidenta Dina Boluarte y sus ministros siguen en lo suyo: mirar el calendario y contar los días que faltan para llegar vivos al 28 de julio de 2026. Y mientras tanto, el país sigue en piloto automático, con el volante tomado, no por el Ejecutivo, sino por extorsionadores y mineros ilegales que financian, con cada onza de oro y kilo de mercurio, el caos nacional.
Porque si algo caracteriza al Perú, es esa maestría para normalizar lo anormal. El gobierno acaba de ampliar, otra vez, el famoso Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Sí, ese mismo instrumento que lleva nueve años “ayudando” a formalizar a los mineros informales, pero que solo ha logrado que el 2.31 % de sus inscritos complete el proceso. Y si esta fuera una evaluación escolar, esa calificación sería un soberano “desaprobado” con letras rojas.
Pero no, en el Perú ampliamos plazos. Una y otra vez. Total, para qué cerrar negocios ilegales si podemos dejarlos funcionando y cruzar los dedos para que, mientras tanto, no financien explosiones en sedes del Ministerio Público, como ocurrió en Trujillo.
Porque la minería ilegal no es un tema menor. No es solo gente sacando oro con bateas. Es el brazo financiero de las bandas criminales que, hoy por hoy, tienen al país de rodillas. Son los mismos que compran explosivos, armas, que envenenan ríos y suelos con mercurio, mientras las autoridades se entretienen redactando nuevas prórrogas y decretos.
Mientras tanto, Dina Boluarte se pasea por el país anunciando hospitales de 0.1 % de avance, ministros sonríen en fotos protocolares y el Congreso… bueno, el Congreso está ocupado en cosas más importantes, como blindajes y repartijas. Porque el Perú puede estar partido por las extorsiones y la minería ilegal, pero para nuestros líderes lo urgente siempre puede esperar.
Y es que, seamos francos: la minería ilegal no es solo un delito ambiental. Es economía, es poder político y es financiamiento del crimen. Y cada vez que se amplía el Reinfo, se está regalando un salvavidas legal para que sigan operando bajo la máscara de “en proceso de formalización”.
Pero el gobierno sigue en su mantra: mejor no hacer olas. Prorrogar es la estrategia perfecta para un país que no quiere decidir nada. Así llegamos, como siempre, a la misma conclusión: la minería ilegal y la extorsión le han tomado la medida al Estado peruano. Y lo peor es que lo saben. Saben que, mientras no se pisen demasiados callos, nadie les va a cortar el negocio.
Reflexión Final
En el Perú, las prórrogas son eternas, pero la paciencia de la gente no lo es. Mientras seguimos extendiendo plazos y redactando decretos, el país se nos sigue desangrando entre criminales que cobran cupos y mineros ilegales que dinamitan cerros y ciudades. Dina Boluarte aún tiene dos años para demostrar que puede gobernar algo más que sus agendas protocolares.
Porque si no, el verdadero Decreto Supremo que necesitaremos será el que declare en emergencia no solo a la minería ilegal, sino al país entero. Porque hoy, más que nunca, el Perú no tiene quién lo defienda… salvo los extorsionadores y los mercenarios del oro sucio. Y ellos sí, lamentablemente, no necesitan prórrogas.