Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
Si en el Perú existiera un premio al Congreso más diligente, seguro lo ganaría… siempre que el cliente sea la minería ilegal. Porque para sacar leyes en beneficio de ciudadanos comunes, ni se molestan. Pero para legalizar la ilegalidad, corren, redactan y hasta votan al caballazo.
Así estamos con la Ley Mape: un monumento a cómo en este país se pretende convertir el delito en negocio legítimo… solo porque los padrinos mineros lo piden. Mientras usted y yo lidiamos con calles peligrosas, precios en alza y ollas comunes sin insumos, los señores congresistas tienen otras prioridades: salvarle el pellejo a la minería ilegal.
“Muchos congresistas le deben el puesto a los mineros ilegales que les pagaron la campaña”, Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE. Ahí lo tienen. Confesado. Ni más ni menos. No lo dijo un activista histérico, lo dijo un expresidente de la Sociedad Nacional de Minería. Y nadie en el Congreso lo ha desmentido.
Los mineros ilegales bloquean carreteras, contaminan ríos, matan ecosistemas, financian candidatos… y nuestros parlamentarios, en lugar de aplicar la ley, se sientan a negociarles la impunidad.
La Ley Mape fue un intento descarado de legalizar operaciones ilegales. No se trataba de apoyar a la “pequeña minería artesanal”, sino de blanquear toneladas de oro sucio y de paso blanquear las cuentas de quienes reciben aportes de estos señores.
Que no nos vengan con cuentos. Aquí no estamos hablando de pobres mineros con su pico y pala. Estamos hablando de un negocio multimillonario, con dragas, mercurio y armamento. Un negocio que ha penetrado en la política regional y nacional como cáncer.
Y sí, es cierto que la Comisión de Energía y Minas rechazó el predictamen. Pero no lo hicieron por principios, sino porque no les alcanzaron los votos. Eso puede cambiar mañana mismo, porque en este Congreso, las leyes se negocian como si fueran frutas en el mercado.
La Ley Mape no es solo una mala idea. Es una indecencia. Es el síntoma de un Estado que ya no se atreve a combatir la ilegalidad porque buena parte de su clase política está financiada por ella. No existe ningún argumento moral, legal ni económico que justifique premiar a quienes han destruido ríos, desplazado pueblos indígenas y generado violencia. Y sin embargo, el Congreso sigue dispuesto a servirles en bandeja de plata la ley que necesitan para lavar sus negocios.
Reflexión final
Señores congresistas: no se elige a un parlamentario para que legisle a favor de sus financistas. Si no tienen el valor de decirle NO a la minería ilegal, renuncien y háganse asesores de los mineros ilegales de frente. Al menos sería más honesto.
Mientras tanto, el país sigue bajo la sombra del mercurio, el oro sucio y los congresistas que, en lugar de escribir leyes para protegernos, las escriben para protegerse entre ellos.