Por Edwin Gamboa, fundador Caja Negra
¡Qué país el nuestro!. Mientras la minería ilegal se forra en oro y se pasea con dragas y retroexcavadoras, nuestro Gobierno sigue en piloto automático, más preocupado en cuadrar sus sueldos presidenciales que en cuadrar cuentas con el crimen organizado. Ahora, hasta la CONFIEP y la CGTP, tan distintas como el sol y la luna, han coincidido en algo: o frenamos esto o el Perú termina de desmoronarse.
Porque no se equivoquen: lo que está pasando en el Perú ya no es solo minería ilegal, es un poder paralelo que mueve —dicen— hasta 8 mil millones de dólares. Dinero que no solo financia retroexcavadoras, sino también pistolas, sicarios, chantajes y toma de carreteras. La minería ilegal se ha convertido en la mano que mece la cuna de la violencia y la extorsión.
Y en el otro extremo está Dina Boluarte y su corte de ministros decorativos, tan ocupados contando las monedas de su aumento de sueldo, que apenas logran balbucear algo parecido a un plan. Su estrategia es clara: sobrevivir hasta el 28 de julio de 2026. El país que se aguante, mientras la minería ilegal ya les está haciendo temblar el asiento presidencial.
Entre tanto, Confiep y CGTP —insólitamente de acuerdo— piden al Ejecutivo que dialogue, sí… pero con firmeza. Que no confunda al verdadero minero artesanal, ese que trabaja con pico, pala y sudor, con los barones del oro ilegal, que compran dragas y contaminan ríos enteros de mercurio. Bien lo dice Jorge Zapata: no podemos seguir disfrazando a los narco-mineros de pobres artesanos.
¿Y el Congreso? Bueno, el Congreso, ese reino de las leyes hechas a la medida, se encuentra entre dos fuegos: las presiones para ampliar el Reinfo y las alarmas de que la minería ilegal se ha convertido en la caja chica del crimen organizado. Mientras tanto, la ruta de la plata negra sigue su curso, y la minería ilegal se siente tan dueña del país que ya convoca a ronderos para “tomar Lima” si no le aprueban sus normas. ¡Bravo!
Y, por cierto, no se trata de unos cuantos pobrecitos buscando sobrevivir. Aquí estamos hablando de mafias con maquinaria amarilla, plantas concentradoras y ejércitos privados. Basta mirar lo que ha pasado en Pataz o Nasca: muertos, territorios en disputa y un Estado tan ausente que parece un rumor.
Hoy, el Perú está dividido entre los que sacan oro y los que se llenan de oro. Entre los que bloquean carreteras y los que siguen cobrando sueldos blindados. Entre las comunidades que ven desaparecer sus ríos contaminados de mercurio y un gobierno que parece no saber ni dónde está parado.
Reflexión Final
Mientras tanto, Dina y sus ministros siguen contando los días hasta el 28 de julio de 2026, quizá cruzando los dedos para que los extorsionadores, los mineros ilegales y los barones del oro les permitan llegar vivos. Pero, para el resto de peruanos, el tiempo se acabó. Porque la minería ilegal ya no es solo un delito económico, es un poder criminal que ha puesto al país entero de rodillas.
¿Seguirán en piloto automático o, esta vez, alguien en Palacio se animará a gobernar?.