Mientras el Perú se desangra por todos los flancos, la Amazonía agoniza entre dragas, mercurio y traiciones. Pero en Palacio de Gobierno, el silencio pesa más que el oro. A la presidenta Dina Boluarte —ocupada en llegar viva al 28 de julio de 2026— la selva le queda lejos, el desastre ambiental más. Total, ¿qué importa que medio millón de peruanos beba agua contaminada si el mercurio aún no llega a las canillas de San Isidro?.
La minería ilegal no solo ha ganado territorio, sino que ha comprado conciencias. Algunos “apus” de comunidades originarias —líderes espirituales y comunales— han sido cooptados por operadores ilegales. El Estado no está ausente: está ausente con premeditación y ventaja, mientras las dragas escupen mercurio en los ríos y los pueblos originarios mueren en cámara lenta.
Lo que ocurre en Loreto, Ucayali y Amazonas no es un accidente ni un olvido: es una política de omisión. Las dragas mineras han tomado los ríos Nanay, Santiago y Huallaga como autopistas de extracción, mientras el Ministerio del Ambiente calcula entre uno y tres kilos de mercurio liberado por draga cada mes. Y hay decenas.
Pero el daño no es solo ambiental. Es social, es cultural, es estructural. Las comunidades Wampis, Kukama y Shipibo-Conibo denuncian la división interna provocada por el dinero ilegal. La minería no solo arrasa con la tierra, sino también con el alma colectiva de los pueblos. Todo con la complicidad de autoridades locales, ministerios invisibles y una presidenta cada vez más inmóvil.
¿Y qué hace el gobierno?. Boluarte prefiere el maquillaje facial antes que mirar a la Amazonía. Sus ministros, más preocupados por sobrevivir políticamente que por gobernar, ignoran que el país se les ha ido de las manos. La minería ilegal no solo desafía al Estado: lo reemplaza. Lo sustituye donde este nunca llegó o se fue sin decir adiós.
Y mientras eso ocurre, el fiscal Frank Almanza —uno de los pocos que todavía cree en la ley— reconoce que no tiene recursos. En todo Loreto, hay solo dos fiscales provinciales para delitos ambientales. Como enviar a dos bomberos a apagar el Amazonas con un balde.
Pero no se trata solo de falta de logística. Hay al menos 20 autoridades investigadas por delitos ambientales. El Estado no es solo incapaz: es cómplice. El río Nanay, fuente de vida para medio millón de peruanos, es hoy una cloaca de mercurio. Pero no hay emergencia nacional. No hay reunión del Consejo de Ministros. No hay cadena presidencial. Hay silencio. Porque mientras la selva muere, el poder se concentra en sobrevivir al escándalo siguiente.
Dina Boluarte no gobierna. Solo calcula. Solo espera. Solo estira el tiempo como quien arrastra un país descompuesto hacia el 28 de julio de 2026. En ese camino, la Amazonía es apenas un detalle molesto. Si el país arde, siempre se puede culpar al calor.
Reflexión final
Cuando los apus se compran con oro y los ríos se llenan de veneno, el país ha cruzado un punto de no retorno. Pero el verdadero crimen no lo cometen solo los que contaminan. Lo cometen quienes, pudiendo detenerlo, prefieren la inacción porque el costo político es menor que el costo de actuar.
El mercurio en la sangre de la Amazonía es también el mercurio moral que recorre las venas del Estado. Y aunque no se ve, mata igual.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra