En el Perú, el ciudadano tiene derecho a la salud… pero solo si sobrevive al producto. Porque aquí, cuando una pasta dental provoca úlceras, heridas, ampollas, ardor y consultas médicas, las entidades de control no corren, no previenen, no retiran. Observan. Meditan. Evalúan. Y si algún medio de comunicación hace el trabajo que les corresponde, entonces —¡milagro!— se desperezan y lanzan una alerta. Tardía, tibia y sin consecuencias. La reciente reacción de DIGEMID, tras las prohibiciones en Argentina y Brasil a la pasta Colgate Total Clean Mint, es la muestra perfecta del Estado ausente, indiferente y reactivo. En un país donde el desgobierno es política oficial, hasta el cepillado puede ser un acto de fe.
En marzo de 2025, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil (Anvisa) prohibió la comercialización de esta popular pasta dental luego de recibir más de 11 mil denuncias de efectos adversos: desde ardor en la lengua hasta inflamación severa en las encías. Poco después, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) de Argentina tomó la misma decisión. El diagnóstico era claro: el producto, fabricado con fluoruro de estaño, provocaba lesiones en la cavidad bucal. La orden: retirarlo de inmediato.
¿Y en Perú?. Bueno, aquí el producto sigue en las góndolas. La diferencia no está en la fórmula (es la misma en los tres países), sino en la reacción de las autoridades. Recién el 23 de julio, tras semanas de escándalo internacional y cobertura mediática local, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) emitió una alerta informando que 14 pastas dentales vendidas en Perú contienen el polémico ingrediente. Las marcas mencionadas incluyen Colgate, Oral-B, Sensodyne y Encident. Pero no hubo retiro. No hubo sanción. Solo una amable sugerencia al usuario: “si le arde, suspenda el uso”.
Esta parsimonia institucional es tan habitual que ya no escandaliza. Como siempre, el Perú espera a que se incendie la casa para recién buscar la manguera, aunque esté oxidada. En Brasil y Argentina bastaron los reportes iniciales para activar los protocolos. Aquí se necesita que la víctima no solo se queme, sino que publique la quemadura, se viralice y consiga trending topic. Solo entonces Indecopi reacciona, Digemid toma nota y el Ministro de Salud… guarda silencio. Porque sí, en este país, un ministro puede desaparecer en medio de una crisis sanitaria sin que nadie lo note. Total, está en buen estado de salud… él.
La propia Digemid, en su alerta, reconoció que los síntomas reportados —úlceras, inflamación, dolor— pueden ser causados por estos productos, pero acto seguido se cubre: “también podrían deberse a infecciones o alergias”. Así, el Estado no protege, sino que dilata, relativiza y endosa la responsabilidad al consumidor. ¿Y si el afectado es un niño?. “Use una pasta autorizada para menores”, nos dicen. ¿Y quién autoriza esas pastas?. Exacto: las mismas entidades que tardan meses en emitir alertas.
Lo que ocurre con Colgate Total Clean Mint y otras pastas con fluoruro de estaño no es solo un caso de salud pública, es un reflejo del abandono institucional. El Perú funciona por reflejos tardíos y comunicados decorativos, no por mecanismos de control eficientes ni voluntad política. Las agencias que deberían protegernos llegan siempre después de la herida, cuando la boca ya sangró y el consumidor ya sufrió. No se trata de histeria. Se trata de respeto por la vida y por el derecho a consumir sin miedo. Pero aquí, entre la desidia estatal y la negligencia institucional, el usuario es siempre el último en enterarse y el primero en pagar.
Reflexión final
En un país donde los hospitales colapsan, los medicamentos escasean, y los ministros administran el silencio como política de salud, tal vez no debería sorprendernos que ni siquiera una pasta dental reciba control real. En otras latitudes, un lote dudoso se retira sin dudar. Aquí, los ciudadanos debemos seguir cepillándonos los dientes con la esperanza de no terminar en emergencia odontológica. Porque en el Perú, la salud oral también depende de la suerte… y de que algún periodista haga el trabajo que el Estado decidió no hacer.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra