En cualquier república con un mínimo de decencia institucional, las Fiestas Patrias serían un momento de balance, conmemoración y compromiso renovado con el país. Pero en el Perú del 2025, la independencia no se celebra, se sobrevive. Mientras los gremios de transporte convocan jornadas de protesta para el 26, 27 y un paro nacional el 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte se prepara —con su ya habitual entereza de mármol— para conmemorar un aniversario patrio con actos oficiales, discursos previsibles y un país que arde en las esquinas.
La consigna de los transportistas es clara: “No hay nada que celebrar”. Y es que mientras los ciudadanos sufren el embate diario de extorsiones, asesinatos, amenazas y un Estado desarticulado, los altos funcionarios parecen más interesados en llegar vivos —políticamente— al 28 de julio de 2026 que en garantizar que sus gobernados lleguen vivos a fin de mes.
La protesta no es anecdótica. Es sintomática. Es el grito de un país que ya no soporta más indiferencia. Según informaron Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, y Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, el paro nacional tiene una motivación tan obvia que asusta: la vida está en juego. Conductores están siendo asesinados por bandas criminales si no pagan extorsiones. Ya van 31 choferes ejecutados —repito, ejecutados— por negarse a pagar cupos a organizaciones delictivas. El Perú no es ya un Estado de derecho, sino un Estado de resignación.
Y en medio de todo esto, el Ejecutivo —con su primerísima mandataria al frente— continúa con una estrategia que podría titularse: “Gobernar sin plan, sin pueblo y sin pudor”. Dina Boluarte parece más concentrada en sobrevivir políticamente, en blindarse judicialmente, y en asegurarse una salida elegante —o por lo menos diplomática— que en encarar una crisis que ha tomado a las regiones, los sectores laborales y los gremios productivos por el cuello.
Lo más dramático es que este no es un fenómeno nuevo. Desde hace meses se venía gestando un colapso del sistema de transporte por la presión del crimen organizado. Según datos revelados por Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), el 80% de empresas de transporte urbano de Lima y Callao pagan cupos a bandas criminales, lo que representa más de 10 millones de soles mensuales en extorsión. A esto se suma la impunidad con que operan estas mafias, la complicidad pasiva de un Estado sin reflejos, y el abandono estructural de los trabajadores del volante: sin seguro, sin derechos, sin voz.
El anuncio del paro fue hecho semanas atrás en Juliaca, junto a campesinos, ronderos y otras organizaciones sociales que han entendido que solo luchando colectivamente se puede obtener algo más que indiferencia. La jornada de lucha inicia el 26 de julio, continúa el 27 con un acto conmemorativo en el cerro San Cristóbal con familiares de víctimas de la violencia, y culmina el 28 con un acto simbólicamente potente: la paralización de los que mantienen el país en movimiento.
Y mientras esto ocurre, el gobierno responde con su usual letanía de frases burocráticas. La ATU asegura que el transporte público operará al 100%, como si repitiendo la mentira se hiciera verdad. Como si la sangre de los conductores no salpicara ya las pistas. Como si el miedo no estuviera marcando el timón.
En vez de convocar al diálogo, atender el problema y proteger a los trabajadores, el Estado parece haber delegado su función a la inercia, confiando en que el tiempo lo resolverá todo. La presidenta no gobierna: administra silencios. El Congreso no legisla: negocia blindajes. Y los ministerios no ejecutan: simulan. Es en este escenario que los ciudadanos han tenido que reemplazar la institucionalidad con la protesta, la seguridad con la autodefensa, y la esperanza con el hartazgo.
Reflexión final
Este 28 de julio no veremos desfiles. Veremos bloqueos. No escucharemos discursos inspiradores. Escucharemos clamores desesperados. Y no habrá promesas que resuenen en la Plaza de Armas, sino consignas que retumben en los terminales y paraderos. Porque si una nación no protege a quienes la mueven, si el Estado no defiende a quienes trabajan, si la presidenta no escucha a quienes mueren, entonces ya no hay patria. Solo queda el camino del paro. Porque a veces, para hacer avanzar un país, hay que detenerlo por completo.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra