El Congreso de la República del Perú, ese prodigio institucional que compite en impopularidad con la mismísima presidencia de la república, ha elegido su nueva Mesa Directiva. ¿Expectativas?. Ninguna. ¿Sorpresas?. Tampoco. ¿Cambio?. Menos. La política peruana ha alcanzado una perfección cínica: logra renovarse sin mover un solo milímetro el nivel de desconfianza, hastío y vergüenza nacional. José Jerí, investigado por presuntos cobros indebidos, liderará ahora el hemiciclo más despreciado del continente. Y no está solo: lo acompañan viejos conocidos del blindaje, el acomodo y el pacto bajo la mesa. Un elenco de continuidad para un país que se cae a pedazos.
De la decadencia institucional al descaro legislativo: La nueva Mesa Directiva es una postal de lo que ya sabíamos: el Congreso no busca representación ni respeto, solo sobrevivencia. Jerí de Somos Perú, Rospigliosi de Fuerza Popular, Cerrón de Perú Libre y López de Acción Popular no son precisamente el relevo moral que el país exige. Son, más bien, piezas útiles del engranaje que ha convertido al Congreso en agencia de empleos, mesa de partes del crimen organizado, oficina de leyes hechas a pedido y –por si fuera poco– en productora de escándalos que van desde “mocha sueldos” hasta proxenetismo encubierto.
Es imposible no señalar el nivel de deterioro al que se ha llegado: Jerí está siendo investigado por violencia y corrupción; Rospigliosi por su conocida cercanía a la ultraderecha y su paso fantasmal por el Ministerio del Interior; Waldemar Cerrón es el hermano del fundador del partido que nos trajo el desgobierno y el desgobernado; e Ilich López aparece en las investigaciones del caso “Los Niños”. Si esto es lo mejor que puede ofrecer el Parlamento, ¿cómo luce el resto del circo?.
Abucheos, rechazos y el hartazgo como política pública: La escena ya se repite como ritual: Dina Boluarte es abucheada en cada región que pisa. Los ministros evitan salir en público. Los congresistas son enfrentados y expulsados incluso por los suyos. Y ahora, el Defensor del Pueblo ha sido echado de una reunión campesina en Puno como quien ya no tiene ni la más mínima legitimidad simbólica. El rechazo no es puntual: es estructural. La gente no solo desconfía de sus autoridades. Las repudia. Las señala. Las enfrenta. El Estado se ha convertido en enemigo público, y la representación democrática es hoy una carcasa vacía sostenida por un reglamento que nadie respeta.
Mientras tanto, el país vive secuestrado por la extorsión, la minería ilegal, el narcotráfico, la anemia, la desnutrición infantil y hospitales colapsados que retratan una república ausente. ¿Qué hace el Congreso?. Blindar, censurar, legislar a favor de intereses ocultos y nombrar directivas que solo sirven para seguir cobrando dietas. Si esto no es una catástrofe institucional, ¿qué lo es?.
Este nuevo ciclo parlamentario llega con el mismo olor a encierro que los anteriores. Pero el país ya no respira. Está asfixiado. Y lo que viene no es solo la indiferencia: es el desborde. Si Dina Boluarte y el Congreso creen que podrán llegar al 28 de julio de 2026 solo contando los días, deberían empezar a contar también los estallidos. No los políticos, sino los sociales. Porque mientras ellos juegan a la repartija, la ciudadanía está sola, sitiada, encolerizada.
Ya no bastan las renuncias. Ya no sirven los discursos. Si esta clase política no puede —o no quiere— revertir el abismo, que al menos tenga la decencia de convocar ayuda técnica y ética desde fuera. El país necesita salvarse de quienes dicen representarlo. Y si eso no se entiende, que sigan escuchando los abucheos. Son, después de todo, el único referéndum real que queda.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra