El Perú ha logrado lo impensable: tener una presidenta que gobierna con apenas 1.3% de aprobación, según la última encuesta de CIT. No es un error tipográfico. No es una exageración. Es el reflejo brutal de un país que ya no solo desconfía del poder, sino que lo repudia con precisión estadística. Dina Boluarte, a menos de un año de dejar Palacio, no representa ni al margen de error de las encuestas. Si las elecciones fueran hoy, ni su espejo votaría por ella.
Y lo más grave no es la cifra. Es que, a pesar de ese repudio masivo, sigue en el cargo como si nada, despachando desde un país en ruinas mientras habla de logros que solo existen en las páginas de sus discursos. La presidenta más impopular del planeta —sí, del planeta— sobrevive políticamente no por mérito propio, sino porque nadie sabe cómo salir del abismo sin caer en otro peor. Y mientras tanto, el Perú se desangra entre extorsiones, sicariato, minería ilegal y un Congreso tan desprestigiado como cómplice.
1.3%. ¿Qué se puede gobernar con eso?. Nada. Ni una junta de vecinos, ni un club de barrio, ni siquiera una encuesta en redes sociales. Pero Dina Boluarte sí: se mantiene firme, imperturbable, viajando, sonriendo ante cámaras, blindada por un Congreso que tampoco aprueba nadie (92% de los gerentes generales lo rechaza, según la Encuesta de Semana Económica). Un pacto de sobrevivencia política entre impopulares profesionales, donde gobernar no es prioridad, pero blindarse, sí.
Durante su interminable mensaje a la Nación en 2024 —el más largo del siglo— prometió seguridad, lucha contra la minería ilegal, presencia del Estado, infraestructura, refinería de Talara, complejo policial en Chancay, y más. Hoy no ha cumplido ni una página de las 79 que leyó. La Policía no patrulla, los centros comerciales no tienen vigilancia facial, las zonas amazónicas siguen tomadas por redes criminales y la minería ilegal ha puesto en jaque al Estado. El crimen gobierna donde el Estado no pisa.
Y mientras la realidad se desmorona, la presidenta sigue acumulando escándalos: joyas, relojes, cirugías, viajes, aumentos de sueldo. A Dina no le interesa gobernar, le interesa llegar al 28 de julio de 2026 como si fuera un maratón de resistencia institucional. El país puede incendiarse, pero ella volará a Europa en primera clase.
Y el Congreso, claro, actúa como su seguro político. Blindan, callan, reparten puestos y hacen como si todo estuviera bajo control. Pero el país está en piloto automático, controlado por bandas delictivas, mafias regionales y una población sin rumbo. ¿Quién responde por eso? Nadie. Porque aquí, mientras más caos hay, más silencio hay en el poder.
Y por si faltara drama, ya se perfila el menú electoral 2026: un alcalde que promete ayunos, un cómico que improvisa su candidatura y Keiko que vuelve por su cuarta oportunidad. Es decir, la desesperación se recicla.
Dina Boluarte no gobierna. Dina administra su silencio. Su legado no será una gran reforma, ni una política pública histórica. Será haber roto el récord mundial de desaprobación. Un récord que, lejos de avergonzar, parece no afectar a nadie en Palacio. Porque aquí se gobierna sin pueblo, sin rumbo y sin vergüenza.
Los discursos seguirán, las promesas se repetirán, pero la confianza está rota. Y cuando una presidenta cae al 1.3% —y aún así no se va—, el problema ya no es solo ella. Es el sistema entero que la sostiene.
Reflexión final
Un país donde una presidenta con 1.3% de respaldo sigue en el cargo no es un país estable: es una democracia secuestrada por su clase política. Y mientras Dina resiste con su club del 1.3%, millones resisten a diario una inseguridad sin control, una economía en picada, una salud colapsada y una educación olvidada. Ya no pedimos milagros. Solo pedimos que alguien —al menos una vez— gobierne para el pueblo, y no para su círculo de poder. Pero eso, al parecer, es más difícil que bajar la desaprobación de Boluarte. Porque cuando ya tocaste fondo, lo único que queda es seguir cavando.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra
