¿Pensaba usted que la minería ilegal estaba contenida en Madre de Dios y Pataz?. ¿Que el problema ya tenía nombre, apellido y coordenadas?. Bienvenido a Puerto Inca, Huánuco: la nueva joya del extractivismo clandestino, donde la selva amazónica se transforma en paisaje lunar y el mercurio fluye más libre que las promesas del gobierno. La minería ilegal ha encontrado una nueva capital, y el Estado, como siempre, llega tarde, mal y nunca.
Puerto Inca se ha convertido en el nuevo paraíso del oro ilegal. En menos de un año, más de 1.000 hectáreas de bosque han sido devoradas por retroexcavadoras, dragas y mercenarios de la codicia. ¿Las autoridades?. Calladas. ¿El gobierno?. Ocupado en sesionar selfies y ajustar sueldos presidenciales. ¿Y el Ministerio del Ambiente?. Bien, gracias.
La escena es digna de una distopía amazónica: toneladas de mercurio en los ríos, criminales controlando rutas fluviales, avionetas aterrizando como taxis, y comunidades nativas desplazadas sin que nadie se inmute. La minería ilegal ha evolucionado. Ya no es un problema local. Es un modelo de negocio transregional, con logística, protección armada y financiamiento oscuro. Lo peor: ha dejado de ser invisible y ha pasado a ser tolerada, cuando no legalizada de facto.
Puerto Inca es hoy lo que fue La Pampa hace una década, pero con más organización criminal, más corrupción institucionalizada y, por supuesto, más silencio desde Palacio. La presidenta Dina Boluarte, cuya aprobación apenas alcanza el margen de error estadístico, sigue sin articular una política de protección amazónica real. En su discurso del 28 de julio no hubo ni una sola mención a la minería ilegal. Claro, es más fácil hablar de relanzamiento del país que enfrentarse a mafias con más poder que varios ministerios juntos.
El ministro del Interior sigue en modo espectador. El del Ambiente aparece solo para eventos protocolares. Y Promperú, en lugar de visibilizar la tragedia, sigue repartiendo folletos en ferias turísticas de Berlín mientras en la Amazonía real se quema el futuro. La situación es tan grave que ni siquiera hay cifras confiables sobre la magnitud de la destrucción: lo que no se mide, no se enfrenta. Y lo que no se enfrenta, se normaliza.
Y normalizado está. Puerto Inca ha sido invadido por maquinaria pesada, insumos químicos y redes logísticas que no se improvisan en una noche. La ruta del oro ilegal se extiende ahora por toda la selva central, abriendo caminos al narcotráfico, al tráfico de personas y a nuevas formas de esclavitud moderna. Todo ante la mirada cómplice —por omisión o por conveniencia— de autoridades locales, regionales y nacionales.
Puerto Inca no solo representa un nuevo foco de minería ilegal. Representa el fracaso absoluto del Estado. La claudicación de toda política ambiental. La rendición ante intereses que destruyen el país en nombre del oro. No se trata solo de deforestación. Se trata de impunidad. De vidas que se pierden, de ecosistemas arrasados, de generaciones condenadas al mercurio y al abandono.
El Perú no puede seguir funcionando en piloto automático mientras su selva se convierte en tierra de nadie. Cada hectárea deforestada es una sentencia para el futuro. Cada río contaminado es un atentado a la vida. Y cada funcionario que calla, justifica o se desentiende, es parte del engranaje criminal que permite esta destrucción sistemática.
Reflexión final
A estas alturas, ya no se trata de pedirle al gobierno que actúe. Se trata de exigirle que por lo menos reconozca que hay un problema. Que deje de mentirse a sí mismo en foros internacionales y empiece, aunque sea por dignidad institucional, a cumplir su rol. Porque si Puerto Inca se consolida como la capital de la minería ilegal, no será culpa solo de los criminales con dragas, sino también de los presidentes con discursos vacíos y de los ministros que aplauden mientras todo se hunde.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra