Dina Boluarte se ha convertido en la presidenta de los récords… pero no de aquellos que un país celebraría. La más impopular del planeta, la que pronunció el discurso más largo de la historia republicana, la de mayor número de escándalos sin resolver. Ahora, también puede sumar otro logro simbólico: acumular sellos en el pasaporte mientras la nación se desangra. La mandataria insiste en subirse a cuanto avión se le ofrezca —congresalmente aprobado, por supuesto— mientras los peruanos enfrentan una realidad espantosa: hospitales colapsados, escuelas sin agua, familias extorsionadas y un Estado en manos de mafias. Gobernar no está en su itinerario. Pareciera que lo urgente es consolidar una agenda internacional que, a estas alturas, suena más a estrategia preventiva que a política exterior.
Que una presidenta viaje es normal. Que lo haga con tanta frecuencia, sin resultados tangibles, mientras su país arde, es escandaloso. Dina Boluarte ha encontrado en las visitas oficiales una vía de escape perfecta: le permiten salir del radar mediático local, proyectar una imagen de jefa de Estado funcional y, de paso, seguir construyendo relaciones con figuras que podrían convertirse —en un eventual escenario judicial— en sus contactos internacionales.
No se trata de paranoia. Lo ha dicho la fiscal de la Nación, Delia Espinoza: todas las investigaciones contra Boluarte seguirán vigentes y deben reactivarse en cuanto deje el cargo el 28 de julio de 2026. Que nadie se equivoque: el archivo congresal no extingue la acción penal, solo la congela. La única protección que tiene Boluarte hoy es el sillón presidencial; cuando lo pierda, volverá a ser una ciudadana común… salvo que para entonces ya no esté en territorio nacional.
El país tiene memoria. Fujimori, Toledo, Alan García, Pedro Castillo. Todos, en mayor o menor medida, buscaron evadir el peso de la justicia. ¿Será Dina la próxima en la lista?. Con el ritmo de viajes actual y una clara falta de arraigo político y social, las alarmas están más que justificadas. Y para agravar el panorama, ahora propone un posible retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo hicieran regímenes autoritarios como el de Chávez en Venezuela o el de Trinidad y Tobago en pleno apogeo punitivista. ¿Por qué esa urgencia de cerrar la puerta internacional a los reclamos ciudadanos?. ¿Qué teme?.
No es descabellado pensar que este es el inicio de una operación salvavidas, ejecutada con precisión quirúrgica: blindaje político local, viajes continuos al extranjero, y un progresivo aislamiento de organismos que podrían juzgarla. La Corte IDH ha sido clave para que los ciudadanos accedan a justicia cuando el Estado los atropella. Retirarse de ella sería dejar a millones de peruanos desprotegidos. El Ejecutivo lo presenta como una «revisión soberana»; en realidad, es una retirada estratégica con olor a impunidad.
El piloto automático tiene destino final. Dina Boluarte no gobierna: sobrevive. Su administración está en piloto automático, sostenida por un Congreso funcional a sus intereses, un aparato estatal desgastado y una ciudadanía que ha perdido la fe en sus instituciones. Mientras tanto, las mafias gobiernan los barrios, los cupos se cobran a sangre y fuego, y la minería ilegal consume el país. Pero eso parece no figurar en su agenda, porque mientras las fronteras internas se desmoronan, la presidenta prefiere las fronteras exteriores.
Lo paradójico es que cada nuevo viaje solo amplía el contraste entre la imagen internacional que intenta proyectar y la tragedia nacional que abandona. ¿Puede una mandataria hablar de inversión, derechos y democracia en Osaka o Yakarta mientras se retira de la Corte IDH y deja a su pueblo sin protección jurídica internacional?. ¿Puede vender un país como destino confiable cuando ella misma es investigada por la justicia y evita rendir cuentas amparada en tecnicismos constitucionales?.
Reflexión final
El Perú no necesita más presidentes con pasajes abiertos. Necesita líderes que enfrenten la realidad con valentía, que rindan cuentas, que estén presentes. Si Boluarte quiere limpiar su nombre, que lo haga en el país, no desde una oficina remota ni desde la comodidad de un foro internacional. Que renuncie a la inmunidad y se someta a la justicia como cualquier ciudadana. Porque si el 28 de julio de 2026 ella no está aquí para enfrentar los procesos pendientes, entonces no habrá justicia. Solo un nuevo capítulo en la larga historia de impunidad que tanto daño le ha hecho al Perú.
Ya es momento de que el poder deje de ser un refugio. Que el cargo no sea pasaporte, ni las giras diplomáticas, rutas de escape. Dina Boluarte debe entender que ser presidenta es gobernar, no planear la salida. Y que, tarde o temprano, la justicia —aunque camine despacio— llega.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra