En tiempos de crisis nacional, el Perú no cuenta con un gobierno, sino con una coartada. La presidenta Dina Boluarte y el Congreso de la República, más que poderes del Estado, funcionan como una sociedad de supervivencia mutua, sellada con blindajes, repartijas y la promesa de no mover el piso al otro mientras se termina el turno.
El país se desangra bajo el dominio del crimen organizado, la minería ilegal campea, las escuelas se derrumban, los hospitales languidecen sin medicamentos y la pobreza infantil alcanza niveles alarmantes. Pero en lo alto del poder, todo parece girar en torno a una sola prioridad: resistir el calendario hasta el 28 de julio de 2026, sin responder por nada y evitando rendir cuentas por todo.
Congreso y sus juegos de impunidad. ¿Y el Congreso? Fiel socio en este pacto de no agresión, ha perfeccionado el arte del encubrimiento institucional. Con más de 41 denuncias constitucionales dormidas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la estrategia es clara: no mirar, no tocar, no procesar. El que acusa pierde. El que encajona, gana tiempo. Y el que calla, repite curul.
A estas alturas, no se trata solo de negligencia. Es una maquinaria deliberada para garantizar la inmunidad de los suyos. Las denuncias enviadas por el Ministerio Público se enfrían hasta morir, para que los implicados puedan postular nuevamente, como si nada, en las elecciones de 2026.
¿Le suena conocido?. Sí. Incluso Pedro Castillo, con denuncias constitucionales pendientes y en prisión, podría estar alistando campaña desde el fundo Barbadillo. Y como él, otros personajes podrían resucitar políticamente gracias a la indiferencia activa de los actuales parlamentarios. En este Congreso, el archivo es la nueva absolución. Y mientras se encubren entre sí, siguen aprobando normas de último minuto que favorecen intereses particulares, afianzando su legado de deterioro institucional. Lejos de hacer un cierre digno de legislatura, se atrincheran para blindarse unos a otros y pavimentar sus futuras candidaturas.
La impunidad como política de Estado. Con cada día que pasa, el Congreso deja más claro que su rol no es legislar, sino administrar blindajes, enterrar denuncias y asegurar retornos. El Parlamento actual no será recordado por reformas estructurales, ni por leyes en beneficio del país, sino por ser el consejo directivo de una cooperativa de impunidad. Su desaprobación ciudadana, tan profunda como la del Ejecutivo, no es un error de percepción. Es un reflejo de lo que realmente han hecho —y han dejado de hacer— en estos años. No hay narrativa que los salve. Solo una cifra que los condena: la histórica distancia que los separa del pueblo.
Reflexión final: sobrevivir no es gobernar
En este Perú caótico, secuestrado por mafias y abandonado por el Estado, sobrevivir se ha convertido en el único plan de gobierno y el único proyecto legislativo. Dina Boluarte administra el silencio y el Congreso administra el archivo. Juntos, han institucionalizado la inacción como estrategia y la impunidad como norma.
A menos de un año de abandonar sus curules, nadie los va a extrañar. Aunque, si todo sigue como va, tal vez ni siquiera se vayan. Porque en este sistema político enfermo, la puerta giratoria no se cierra: se engrasa con votos y se asegura con blindajes.
Edwin Gamboa, fundador de la Caja Negra